El Ministerio Fiscal ha solicitado este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo, en la última sesión del juicio contra la empresa de Alcor Seguridad por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, penas subsidiarias de entre dos años y dos años y medio de prisión para los cinco responsables de la compañía –con sede fiscal en Monforte de Lemos (Lugo)– imputados en la causa.

La petición se ha producido en la fase de conclusiones de un juicio que arrancó el pasado martes en Lugo tras casi diez años de instrucción y el aplazamiento sufrido en el mes de junio y en el que han prestado declaración el director y los cuatro administradores de la empresa acusados, así como más de un centenar de testigos.

De acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, los acusados habrían obligado entre los años 2011 y 2015 a más de una treintena de empleados a encadenar «jornadas maratonianas»; firmar documentos en blanco al rubricar sus contratos de trabajo; o rellenar partes de servicio con códigos diferentes en jornadas de 24 horas. Una serie de medidas de presión que vulneraban, a ojos de la Fiscalía, sus condiciones laborales.

En la última jornada del juicio, celebrada este miércoles, la Fiscalía ha añadido a su petición inicial –que establecía penas de prisión de entre dos años y medio y tres años y tres meses a los acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores–, una segunda pena por un presunto delito de coacciones, recogido en el artículo 172 del código penal.

El director de la empresa estaría expuesto de este modo a una condena subsidiaria de dos años y seis meses de prisión en «concepto de autor» de un delito de coacciones por cada trabajador agraviado; y los cuatro administradores –dos de ellos responsables de las delegaciones de la empresa en Canarias y Girona– se expondrían a una pena de dos años de cárcel por cada trabajador en calidad de «cooperadores necesarios».

LAS PRUEBAS TESTIFICALES

La acusación popular, ejercida por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) se ha adherido a las demandas recogidas en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, pero ha solicitado una inhabilitación especial para cada uno de los acusados «para la administración o dirección de sociedades» durante el tiempo que dure la condena principal.

Las defensas de los imputados, por su parte, que han tildado de «sorprendente» la nueva calificación solicitada por la Fiscalía «en el último momento y después de diez años de instrucción», han deslizado ante la jueza la posibilidad de demandar la celebración de «un nuevo juicio».

«No es un agravamiento de pena lo que pide el Ministerio Fiscal, es una calificación alternativa», ha precisado entonces la magistrada, antes de ofrecer un plazo de diez días a los letrados de las defensas para examinar la nueva imputación. Una concesión que finalmente han declinado.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han centrado sus exposiciones finales en las pruebas testificales presentadas a lo largo de todo el juicio. La Fiscalía ha resaltado que los testimonios de los agentes que prestaron declaración son «coincidentes» con lo recogido en el escrito fiscal y que sus declaraciones no pueden ser calificadas de «sesgadas, interesadas o disparatadas como denuncian las defensas».

También ha destacado la Fiscalía el hecho de que tan solo «en el 6% de las nóminas» revisadas existiese mención alguna al pago de horas extraordinarias y ha calificado como «inverosímiles» las explicaciones brindadas por los imputados acerca de la existencia de documentos en blanco en las dependencias de la empresa firmados por los trabajadores.

Diez años después del inicio de la instrucción de la causa y tras casi cuatro horas de sesión en la última jornada de audiencia, el juicio contra los cinco responsables de Alcor Seguridad acusados de vulnerar los derechos laborales de más de una treintena de trabajadores ha quedado este miércoles visto para sentencia.