El Ayuntamiento de Ourense ha celebrado su cuarto pleno extraordinario del mes de noviembre para aprobar una modificación presupuestaria de 5,5 millones de euros, para pagar deudas con proveedores, en una sesión en la que no han faltado los reproches a los funcionarios.

La sesión, por la vía de urgencia, tenía la función de corregir un error detectado en un expediente que había sido aprobado inicialmente en un pleno del pasado mes de septiembre. El interventor había emitido un informe en el que advertía de un error en el código identificativo de una de las partidas, la que tenía relación con la concesionaria del agua.

Así lo trasladó también en su momento el portavoz del BNG, Luis Seara, en una sesión en la que el alcalde no permitió al funcionario intervenir y además retiró la palabra al portavoz del BNG y a ambos los acusó de ser «negligentes».

Así pues, la sesión plenaria de hoy servía solo para enmendar ese error, pero aún así se prolongó hasta casi una hora de duración en un debate bronco con acusaciones para los funcionarios.

«Es un pleno sin mayor trascendencia, pero sí tiene fondo político», ha esgrimido el regidor, trasladando que «se verá perfectamente como funciona este Ayuntamiento en la última década o más allá, donde hay héroes, villanos y todo lo que queramos poner en un cuento».

El regidor había querido solventar el problema mediante un decreto sin que la modificación tuviese que regresar a pleno, pero el BNG había presentado una alegación contra la aprobación inicial de la modificación y el gobierno municipal se vio obligado a estimarla parcialmente para convalidar el decreto que ya había sido firmado.

«Esta reclamación se hizo buceando en los engranajes burocráticos de la administración y solo busca entorpecer y que no se pague a los proveedores para echar la culpa al grupo de gobierno», sentenció Pérez Jácome afeándole al portavoz nacionalista que «le importa un bledo» que los proveedores «no cobren» o que el «erario público tenga una disminución de su montante porque esto acarrearía intereses».

QUE NO SE VULNERE «LA LEGALIDAD»

Seara explicó que su formación había presentado la reclamación para que el «pleno no sea una mera comparsa». «Estamos hoy aquí porque no aceptamos que se vulnere la legalidad», ha advertido. Además, le recordó que «en un alarde de prepotencia y soberbia» le impidió explicarse en su momento y tampoco le permitió hablar al interventor.

Por su parte, la edil socialista María Fernández hizo hincapié en que la situación se habría solucionado en el mes de septiembre «si el alcalde hubiese asumido el error y convocase entonces un pleno extraordinario para subsanarlo».

«Estamos aquí, Gonzalo, porque eres muy terco», dijo señalando que «por culpa de la terquedad o del mal asesoramiento del gobierno municipal» este expediente «lleva dando vueltas con informes larguísimos» y «lo que es relevante es que la gente aún no ha podido cobrar».

«JODERSE Y DENUNCIARME»

Así de tajante Pérez Jácome que a las críticas por no dejar hablar al interventor y al secretario zanjó: «si yo pongo verde al interventor o al secretario lo que les queda es joderse y denunciarme si consideran que he hecho alguna injuria, pero no pueden replicar, solamente puede hablar en este pleno si quieren advertir alguna legalidad o hacer algún matiz». «No pueden dar su opinión sobre si el alcalde ha metido la pata», ha remarcado.

Además, ha defendido que «es la ley» quien no deja hablar ambos funcionarios puesto que «no son cargos electos». También ha recrudecido sus críticas y ha incidido en que hay trabajadores municipales que se comportan «con mala fe», «con malicia» e incluso algunos «no ya con exceso de celos» si no «rayando ciertas patologías».

«LOS PROVEEDORES TIENEN QUE COBRAR»

Para concluir intervino Ana Méndez, del Partido Popular, quien fue breve. «Los errores hay que corregirlos y los proveedores tienen que cobrar y punto», ha afirmado, antes de dar el voto a favor del partido a la modificación presupuestaria, que salió aprobada con los votos favorables de DO y PP, la abstención del PSOE y el voto en contra del BNG.

Asimismo, al finalizar la sesión plenaria Pérez Jácome anunció que este martes se celebrará otro pleno extraordinario para otras modificaciones presupuestarias.

«NO TIENE DERECHO A HABLAR»

En es dejó caer que había «picaresca» por parte del interventor por no haber entregado todavía los informes al respecto «o al menos no estaban el viernes», y adelantó que «a lo mejor si no se informa como requiere, igual se convoca sin informes de intervención».

Quiso entonces intervenir el interventor, pero «no tiene derecho a hablar, solamente para advertir de temas legales o ilegales», ha reiterado Jácome ante el funcionario que se encogió de hombros antes de concluir la sesión plenaria.