Los centros escolares de Galicia tendrán ‘puntos naranjas’ tanto en formato físico como virtual que servirán de espacios seguros para que los alumnos puedan denunciar de forma anónima los episodios de acoso que sufran en las propias instalaciones educativas o en las redes sociales.

Se trata de una de las medidas más destacadas del Plan integral contra el acoso y el ciberacoso aprobado por la Xunta para el período 2023-2025, que ha recibido luz verde en la reunión del Consello celebrada este jueves.

«Los abusones no tienen cabida en el sistema educativo gallego», ha aseverado en la rueda de prensa posterior al Consello el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha presentado algunas de las líneas y medidas que contempla la estrategia para avanzar en la erradicación del acoso escolar.

El plan, que se iniciará a implantar a partir ya de este curso, tiene como eje vertebrador la «tolerancia cero» con los comportamientos discriminatorios y vejatorios en los centros educativos para lo que se ofrecerán tareas formativas tanto al alumnado como al personal docente.

Con la meta puesta en actuar ante actitudes de acoso, cada centro dispondrá de los bautizados como ‘puntos naranja’, que actuará a modo de buzón presencial o electrónico en el que los alumnos podrán denunciar y comunicar episodios y hechos vividos por ellos mismos o por compañeros en los centros o Internet.

Estos puntos tendrán una imagen «común y uniforme» y garantizarán el anonimato de la persona que los emplee. Serán gestionados por un equipo de actuación contra el acoso integrado por el coordinador de bienestar emocional y convivencia y la persona orientadora del centro.

Este grupo actuará como punto de referencia para los alumnos que sufran o quieran denunciar episodios de acoso. El objetivo, según ha avanzado Rueda, es extender estos ‘puntos naranja’ más allá de los centros escolares y que puedan instalarse en espacios jóvenes y residencias.

CENTROS «SEGUROS, INCLUSIVOS Y RESPETUOSOS»

En declaraciones a los periodistas, el presidente autonómico ha incidido en que la meta es convertir los centros escolares en espacios «seguros, inclusivos y respetuosos», si bien ha afirmado que las encuestas señalan que la red educativa gallega tiene buenos datos en parámetros de inclusión y convivencia.

El plan también diseña una serie de actividades formativas para el profesorado para que dispongan de las herramientas precisas para identificar, actuar y ayudar tanto a la víctima como al propio acosador y a los observadores de este tipo de episodios.

Para ello, se crearán canales de colaboración con profesionales de los sectores sanitarios, social, administrativo o judicial, además de habilitar material formativo sobre la erradicación de la violencia en menores y adolescentes. El equipo de actuación, además, recibirán formación específica sobre la tramitación de denuncias o la organización de reuniones con los implicados.

La estrategia también contempla actividades y medidas específicas para los equipos directivos, la inspección, los coordinadores de bienestar y los tutores, señalados estos últimos por la Xunta como «una persona clave en la vida académica del alumno» que, por lo tanto, debe tener peso a la hora de afrontar estos casos.

Por último, el Gobierno gallego trabaja en la actualización del Protocolo de acoso y ciberacoso escolar para adaptarlo a los tiempos y que sirva de procedimiento práctico para los centros en la identificación y detección de situaciones de este tipo.

COMISIÓN FULLBRIGHT

Por otro lado, el Consello de la Xunta también ha aprobado este jueves la ampliación del convenio de colaboración de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades con la Comisión Fullbright para estancias de estudiantes en Estados Unidos para completar su formación.

En total, cinco jóvenes con conexión con Galicia «por nacimiento, residencia, formación en estudios superiores o artísticos y trayectoria profesional» gocen de becas para completar sus estudios en Estados Unidos, según ha explicado la Administración autonómica.

El Gobierno gallego aporta 165.000 euros, el 60% del total, para sufragar gastos de viaje, manutención de la persona becada, gastos de proyecto, matrícula y tasas obligatorias; mientras que la Comisión Fullbright se hace cargo de la cobertura médica y de accidentes a través de una aportación de 110.930 euros.