El Parlamento de Galicia tramitará el proyecto de ley de calidad alimentaria después de que el PPdeG, con su mayoría absoluta, tumbase este martes las enmiendas de devolución presentadas por los dos grupos de la oposición. Tanto BNG como PSdeG han coincidido en vincular el texto con la proximidad de las elecciones gallegas, previstas para 2024.

En el pleno, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha sido el encargado de defender este proyecto que busca «afianzar la calidad alimentaria» de Galicia al adaptar la normativa del año 2005 ante los «cambios experimentados en la producción, la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas formas de comercialización y el incremento de los intercambios entre países».

González ha insistido en que, cuando se apruebe esta ley, Galicia será «la primera comunidad autónoma» que contará con un sello propio que distinguirá la producción sostenible alimentaria y que será «totalmente voluntario y reconocible».

También buscará que aquellos productos que cuenten con esta calificación alcancen «una nueva dimensión en el mercado más competitiva». Como consecuencia de esto, se creará empleo y se «fijará población» en el rural gallego.

El texto que ha presentado en el pleno el conselleiro do Medio Rural otorga a los consejos reguladores de las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas protegidas (DO) mayores atribuciones en el control de las figuras de protección. Para ello, «nos aseguraremos de que disponen de medios de personal, técnicos y económicos», ha prometido José González.

De hecho, los consejos reguladores tendrán también que presentar planes de promoción de los productos que amparan.

ÓRGANOS ASESORES

Del mismo modo, la nueva ley contempla la creación de un Consello Alimentario de Galicia, que formulará propuestas de mejora de la economía y el empleo en el sector, y promoverá líneas de investigación y estudio; y una Mesa da Calidade Alimentaria, como órgano asesor de la Administración y en el que estarán representadas las DO y las IGP gallegas.

Asimismo, la norma establece un procedimiento de «compra pública responsable» para los contratos de servicios o concesiones que tengan por objeto la adquisición de productos alimentarios, que tendrán que ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

El objetivo último de las medidas que contempla la ley es, ha concluido el conselleiro do Medio Rural, que «todos los gallegos se sientan orgullosos de nuestra producción alimentaria y nuestra gastronomía».

José González la ha sumado a otras normativas recientes, como la de recuperación de la tierra agraria de 2021, para reivindicar la apuesta «estratégica» del Gobierno gallego por la movilización y la prevención frente a incendios.

LA OPOSICIÓN VE ELECTORALISMO

Desde el principal grupo de la oposición, Xosé Luís Rivas ‘Mini’ (BNG) ha cargado contra la gestión de la Xunta en los últimos 14 años en la materia y cree que el texto que ahora arranca su tramitación parlamentaria tiene «el único cometido» de, ante la proximidad de las elecciones, «buscar titulares para decir que se hace lo que no se hace».

Así, el nacionalista ha calificado de «innecesaria» esta ley porque «llegaba con modificar aquellos aspectos que se quedaron obsoletos» de la norma del año 2005, aprobada bajo el bipartito de PSdeG y BNG.

Rivas ha reclamado políticas «realistas y de carácter estructural», lo cual pasa por una «urgente reforma agraria» que movilice tierras frente al abandono, proteja el territorio frente a incendios forestales, promueva la independencia alimentaria de Galicia y garantice unos precios con los que los productores puedan cubrir costes.

«NO APORTA NADA»

Por parte del PSdeG, el diputado Martín Seco, que ha iniciado su intervención con un alegato a favor del pueblo palestino, ha coincidido en que el proyecto de ley de calidad alimentaria es «propaganda electoral» en vísperas de una convocatoria de comicios que, además, «no aporta nada» al sector, sino que lo que hace es adaptar la legislación a las nuevas regulaciones europea y estatal.

El socialista también ha criticado el «clientelismo» y la «falta de transparencia e igualdad de oportunidades» que promueve la Xunta en perjuicio de los productores más pequeños, al tiempo que el Gobierno gallego deja «desfallecer» los centros de investigación del sector, como el de Sergude (Boqueixón, A Coruña).

Frente a estos reproches, el diputado del PPdeG José Antonio Armada ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de que los productos agroalimentarios gallegos «sigan siendo lo que son: de calidad». Y eso, ha agregado, es lo que hace esta ley que promociona la venta «y por supuesto la protección» a través de los sellos de calidad.

Armada ha reivindicado que el proyecto de ley de la Xunta «refleja» lo que el sector necesita y ha tendido la mano a los dos grupos de la oposición para que puedan hacer sus aportaciones al texto durante su tramitación parlamentaria.

«Estamos dispuestos a escucharlos para todo lo que vaya en beneficio de nuestra tierra, nuestro rural y nuestra gente», ha concluido.