El PP ha votado en contra de las enmiendas a la totalidad de BNG y PSdeG contra el proyecto de ley de acompañamiento –de medidas fiscales y administrativas– a los presupuestos gallegos de 2024, que ahora continuará con su tramitación parlamentaria.
Entre los diferentes cambios normativos que se incluyen, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, se ha referido a declarar de «interés público superior» a los proyectos eólicos «conforme» a la reglamentación europea y a la normativa comunitaria. Garantiza que esta medida «no supone ningún tipo de menoscabo» a las garantías de evaluación ambiental. También expone la importancia de las renovables en un momento de «carestía energética» y para la reducción de la factura eléctrica.
En cambio, Luís Bará (BNG) alerta de cambios «absolutamente trascendentales» en el sector eólico «sin las más elementales garantías democráticas» al no consultar al Consello Económico e Social (CES). «Solo consultan a la patronal porque la patronal es la que le dicta las leyes», espeta, sobre «medidas para favorecer el expolio eólico».
Denuncia que el PP busca facilitar proyectos que «tienen gran resistencia social por lo abusivos que son», pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia «le paró los pies» y «están haciendo ahora una infame campaña de acoso» para «intentar intimidar» a los jueces. Reprueba que modifican la ley para «condicionar la interpretación de tribunales de justicia» con el fin de que el TSXG «no pueda actuar». «El nivel de servilismo con las puertas giratorias es absolutamente insaciable», agrega.
Asimismo, Gonzalo Caballero (PSdeG) ha cargado contra un modelo energético «errado» de la Xunta. Aboga por que «eólica sí», «pero no vale de cualquier manera», «metiendo por la puerta de atrás» cuestiones que «no tienen que ver con los presupuestos».
Mientras, Raquel Arias (PP) afirma que la apuesta por renovables es una «obligación», ya que Galicia «necesita energía más barata» y que «respete el medio ambiente». Incide que no habrá un «menoscabo» a las garantías ambientales.
Precisamente, decenas de personas, convocadas por la coordinadora Eólica Así Non, se han concentrado esta tarde de lunes ante el Parlamento para manifestar su rechazo contra el «golpe legislativo» que propone el PP en la ley de acompañamiento de declarar a los proyectos eólicos de «interés público superior». Denuncian que se busca «sortear» las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que están suspendiendo proyectos eólicos «ilegales».
«PLENAMENTE AMPARADO» POR EL TC
Durante su intervención, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha defendido que el mecanismo de ley de acompañamiento está «plenamente amparado» por el Tribunal Constitucional, al tiempo que busca «alcanzar mayor eficacia y eficiencia» en medidas fiscales y administrativas. Modifica más de una treintena de leyes y más de una decena de decretos.
Como novedades, en la declaración del IRPF de 2024, las familias con dos hijos ya podrán deducir 250 euros, deducción que hasta ahora tenían las familias numerosas y que ahora se duplica, hasta los 500. Además, por cada hijo a mayores, a partir de tres, esta deducción se incrementará en otros 250 euros.
En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, el próximo año se rebaja un punto el tipo general para la compra de inmuebles usados (pasa del 9% al 8%), que se suma a otro punto que ya se había bajado en 2022; se rebaja más de la mitad el impuesto para la compra de vehículos usados (del 8% al 3%) y se elimina el impuesto para las compras de vehículos cualificados de bajas emisiones.
Otros temas que ha destacado han sido la puesta en marcha de una oficina económica como «puerta de entrada única» a las administración, «mejorar» la situación personas en dependencia o dar cobertura al proyecto Xenoma Galicia.
El proyecto de la ley de acompañamiento incluye decenas de modificaciones en normativa autonómica, entre la que están medidas como regular la participación de los municipios en la gestión de los servicios VTC, acciones especiales de contratación de interinos para la disponibilidad de personal sanitario, así como modificar la reciente ley de juego para que los bingos que se hacen en residencias de mayores y asociaciones culturales puedan tener premios mayores.
«AUTORITARISMO» Y «DE TAPADILLO»
El diputado nacionalista Luís Bará ha tachado la ley de acompañamiento como una «muestra clarísima de autoritarismo del PP», y «este año superaron ya todas las marcas» al modificar «36 leyes y 11 decretos» que «quieren colar por la puerta de atrás».
Asegura que esta «va a ser la última vez» que se va a aprobar un procedimiento «absolutamente perverso», puesto que el BNG «desde la presidencia de la Xunta no va utilizar este procedimiento «torticero». Avisa de multitud de recursos judiciales «por todas las chapuzas que están haciendo».
Bará reprueba que se vaya a pagar medio millón a «grandísimas empresas» si un proyecto tarda más de un año en tramitarse. «No tienen vergüenza», clama. Asegura que el Gobierno autonómico es el «felpudo» de grandes lobbies.
También se ha referido a la «enmienda a la totalidad al señor Conde» que hace María Jesús Lorenzana «de toda la política industrial», «un divorcio en toda regla», mediante la creación de una oficina única económica que implica reconocer que los instrumentos creados «no sirvieron para nada».
Gonzalo Caballero (PSdeG) reprocha los presupuestos como una «oportunidad perdida» y exige retirar esta ley de acompañamiento que no puede apoyar «por la forma ni por el fondo», en un «uso abusivo» por la «puerta de atrás». «Vienen a zarandear el marco normativo», advierte, para modificar «cerca de medio centenar» de leyes y decretos.
Acusa a Alfonso Rueda de que «fue mucho más allá de lo que se atrevió Feijoó» al rebajar más el impuesto de patrimonio, al que «quiere ganar por la derecha».
El diputado socialista denuncia que esta ley de acompañamiento «implica regresividad fiscal», un «fracaso» en el modelo industrial y energético, además de «favorecer a entidades próximas al PP».
PP: «NO VAMOS A DEJAR QUE ESE DINERO SE VAYA A MADRID»
En cambio, Raquel Arias (PP) sostiene que tiene la «sensación de vivir en el día de la marmota» debido a una oposición «triste, ceniza, de un país lúgubre, sin ningún futuro».
También se ha referido a la decisión del PPdeG de enmendar la ley de acompañamiento con el objetivo de que Galicia se quede lo que recaude del impuesto a las grandes fortunas –toda vez después del pronunciamiento del Constitucional acerca de su legalidad–. «No nos queda más remedio que aceptar que nos roben las competencias», dice Arias, pero avisa: «No vamos a dejar que ese dinero se vaya para Madrid y acabe sabe dios dónde».