La Audiencia Provincial de Lugo volverá a acoger esta semana, a partir del martes, el juicio contra el responsable y administradores de la empresa Alcor Seguridad, acusados de vulnerar el derecho de sus trabajadores obligándoles a encadenar «jornadas maratonianas» y a firmar folios en blanco en lugar de contratos de trabajo.

Este juicio ya estaba señalado para celebrarse el pasado mes de junio, pero la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia hizo que hubiese que aplzarlo al ser imposible citar a 25 del centenar de testigos programados, por lo que este lunes decidió suspenderse. En la causa están acusados un directivo de esta empresa, con domicilio fiscal en Monforte, y otros cuatro administradores, y figuran como perjudicados 35 empleados.

Las vistas están fijadas entre el martes y el viernes, pero se prevé que continúen la siguiente semana. En la causa están acusados un directivo de esta empresa, con domicilio fiscal en Monforte, y otros cuatro administradores, y figuran como perjudicados 35 empleados.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, desde 2011 y hasta 2015, el empresario empleó en esta compañía –que además de en Galicia, prestaba sus servicios en Canarias y en Asturias– a «múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales» ilegales, «vulnerando los derechos mínimos» de los trabajadores.

Entre otras cuestiones, el Ministerio Público le acusa de imponer a sus empleados «largas jornadas laborales sin respeto a los descansos establecidos», lo que califica de «jornadas maratonianas». Alguno de los trabajadores, apunta el fiscal, llegó a encadenar turnos de 24 horas durante 15 días.

Además, les abonaban las horas extras «a un precio significativamente inferior al estipulado» y a partir de las 200 horas extras mensuales, sin pluses ni por nocturnidad ni por día festivo.

Fiscalía recoge también que los trabajadores eran obligados a «firmar documentos en blanco» en lugar de un contrato de trabajo, con lo que desconocían sus condiciones y no realizaban los cursos de reciclaje y formación obligatorios por ley. Sobre este último punto, uno de los acusados llegó a entregar en dependencias policiales justificantes de asistencia a cursos falsificados, después de una inspección.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, del que considera autor al directivo y cooperadores necesarios al resto de administradores. Pide para ellos penas que van desde los tres años y tres meses a los dos años y medio de cárcel y el pago de multas, así como que abonen a los trabajadores perjudicados una indemnización de 6.000 euros.