El debate a Veintisiete sobre los avances para el reconocimiento del catalán, euskera y gallego en la UE previsto este miércoles en Bruselas se ha resuelto en menos de cinco minutos sin que ninguno de los ministros en la sala tomara la palabra tras escuchar la exposición del secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, y seguir pendiente la evaluación legal, financiera y práctica que piden los socios para examinar a fondo el asunto.

El punto incluido por la presidencia española en el Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales ha copado ente «dos» y «cinco minutos», según las distintas fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, que añaden que ese tiempo ha servido «simplemente para decir que el asunto existe».

De este modo ha quedado dicho que se seguirá examinando a «nivel técnico» la propuesta «revisada» que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ya esbozó en la sesión anterior de este Consejo, el pasado 24 de octubre, pero que no había sido presentada como documento formal hasta última hora del lunes.

A primera hora de este miércoles, algunos de los ministros avisaban de las dificultades para avanzar en la discusión sin contar con la información requerida. «No hemos tenido tiempo, la discusión de hoy será corta», ha dicho a la prensa el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, quien ha confirmado que el documento fue remitido «en español el lunes por la noche» a las delegaciones, lo que ha complicado su examen.

Aunque a su llegada a la reunión Navarro no ha querido responder a las preguntas sobre la nueva propuesta, emplazando a la prensa al término del encuentro, Albares ya apuntó algunas claves en octubre de los elementos que recogería el documento revisado, atendiendo a los comentarios del resto de socios en los debates anteriores.

El Gobierno español insiste en que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en España sería un «caso único» en el conjunto de lenguas regionales en la Unión Europea por circunstancias «muy específicas» como su encaje en la Constitución española, que sean utilizadas en el Congreso y en el Senado o el número de hablantes. Además se ha comprometido a asumir la factura de su introducción en la UE.

Varias delegaciones mantienen dudas por temor a un «efecto dominó» que aliente a otras lenguas minoritarias como el corso en Francia o el ruso en los países bálticos, a reclamar para ellos el mismo estatus que busca España para el catalán, el euskera y el gallego.

En todo caso, sigue pendiente las evaluaciones sobre el impacto financiero, legal y práctico que el reconocimiento de las tres lenguas tendría para el conjunto de la Unión Europea, una tarea que la Comisión Europea se ha ofrecido a coordinar con el resto de instituciones y que España estima que no estarán listos antes de «dos o tres meses».

Este calendario hace que el debate de fondo a Veintisiete difícilmente pueda ser abordado antes de que concluya la presidencia rotatoria que permite a España marcar la agenda de las discusiones este semestre, que termina el 31 de diciembre.