Decenas de trabajadores públicos autonómicos han participado este miércoles en una concentración, convocada por la CIG, ante las dependencias de la Xunta en San Caetano (Santiago), para urgir la aplicación de la jornada de 35 horas para todo el personal de la Administración gallega, así como un concurso de traslados abierto y permanente, y un nuevo sistema de promoción interna en la función pública.

Estas son las «tres cosas básicas» que reclama la CIG-Autonómica, según explica a Europa Press su responsable de Organización, Alexandre Prieto, quien indica que estas acciones de protesta persiguen que la Administración «espabile» y vaya «adaptando la jornada» a la reducción que acometerá el nuevo Gobierno central de PSOE y Sumar.

De hecho, es una «reivindicación histórica de la CIG» y algo que ya se está aplicando «en determinados colectivos» de empleados públicos autonómicos, como los de las oficinas de turismo, más allá de los profesores y los del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ámbito donde estará aplicada la jornada semanal de 35 horas en el año 2025.

Sin embargo, los trabajadores comunes de la administración sigue con las 37,5 horas, es decir, tienen ahora una jornada de 7,5 horas al día.

Además, según el responsable de Organización de CIG-Autonómica, la concentración de ese miércoles ha servido para reclamar la convocatoria de concursos de traslados abiertos y permanentes, de carácter anual. Y es que, tal y como ha lamentado Prieto, hay «muchísimos funcionarios que llevan décadas sin moverse» de su puesto.

Es más, mientras que la ley de función pública de 1998 reconocía este derecho, aunque «nunca se llegó a aplicar»; la nueva norma, del año 2015, «ni siquiera lo recoge». Lo que esto acaba provocando, ha añadido el sindicalista, son «cadenas de favores» a los superiores para lograr esa movilidad y «tensiones entre compañeros».

La tercera petición pasa por un cambio en el sistema de ascenso por promoción interna, ya que las pruebas que convoca la Xunta «son tan duras como las de acceso libre» y suponen examinar a funcionarios sobre temas de los que «ya demostró capacidades».

Frente a este modelo, la CIG sugiere una vía alternativa como la formación y la valoración de años de servicio. «El sistema actual no funciona», insiste Alexandre Prieto.