Un auxiliar administrativo y una trabajadora social del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han reconocido ante la Audiencia Provincial de A Coruña que, entre 2015 y 2016, accedieron al historial médico de dos familiares, pero han alegado que era con consentimiento y «por preocupación» por su estado de salud.

La sección sexta de la Audiencia, con sede en Santiago de Compostela, ha acogido este miércoles la vista contra este matrimonio de empleados públicos que se enfrentan a diez y ocho años de prisión, respectivamente, por delitos continuados de descubrimiento y difusión de secretos cometidos por funcionarios.

La perjudicada, que ha declarado como víctima y testigo, es hermana menor de la trabajadora social encausada y, por tanto, cuñada del auxiliar administrativo. El otro perjudicado era el padre de las dos hermanas, pero falleció en el año 2021.

Durante la fase de cuestiones previas al inicio del juicio, que se había suspendido ya varias veces, la defensa ha alegado que, dado que los dos acusados ya fueron sancionados por la vía administrativa, el proceso judicial con una nueva condena «vulneraría el principio ‘ne bis in idem'».

Sin embargo, el magistrado presidente lo ha desestimado porque la jurisprudencia al respecto «no es inequívoca» y el Tribunal Supremo prevé que, en estos casos, se aplique «un descuento» en la pena de prisión.

RELATOS DIFERENTES

Las declaraciones cruzadas entre el matrimonio y la víctima han constatado no solo las desavenencias familiares entre ellos, sino las diferencias entre ambos relatos.

Según el escrito de Fiscalía, la encausada –trabajadora social del Hospital Provincial de Conxo– accedió, entre enero de 2015 y octubre de 2016, un total de 519 veces a la documentación médica de su padre y 309 veces a la de su hermana. De hecho, llegó a utilizar esa información en un proceso ante el Ministerio Público para tratar de incapacitar al progenitor.

Aunque no ha respondido a las preguntas de la acusación particular, sí lo ha hecho a las de su defensa y la fiscala para afirmar que lo que quería era consultar el estado de su padre, que desde octubre de 2015 vivía con su otra hija, y así lo hacía decenas de veces al día. «Fue por preocupación, por pánico. Figúrese cómo estaría yo», ha expresado la empleada ante los magistrados, mientras se derrumbaba al recordar que un sanitario del hospital le llegó a advertir de su grave estado de salud.

Pero la mujer también consultaba la historia clínica de su hermana menor, que estaba en tratamiento psicológico, «por si empeoraba, porque tenía bajo su tutela a un señor mayor». De hecho, la acusada ha afirmado ante los magistrados que ella y su marido llegaron a acoger a su hermana en su domicilio «durante 15 días», por cuestiones de salud mental, aunque ella posteriormente lo ha negado.

La procesada ha explicado que su preocupación también se producía porque el padre «no acudía a las pruebas médicas» que tenía, de lo cual era informada a través de otros trabajadores del hospital.

SOSTIENEN QUE TENÍAN PERMISO

En cualquier caso, la mujer ha afirmado en reiteradas ocasiones que «siempre» había tenido autorización, tanto de su hermana como de su padre y antes de la fecha de los hechos, para entrar en su historia médica. Lo ha sostenido incluso a pesar de que en octubre de 2015 intentó que el hombre firmase un consentimiento para permitir el acceso a los datos clínicos, lo cual él rechazó.

Su marido, que se enfrenta a ocho años de prisión, ha admitido que también entraba en el historial médico de su cuñada como algo recurrente, pero ha matizado que era por petición suya o, incluso, del esposo de esta: «Cuando mi cuñada se hacía una analísitca, me pedía que le mirase los resultados».

También se lo demandaba su suegro hasta que en septiembre u octubre de 2015 rompieron su relación, según la versión que ha dado ante los magistrados. Con todo, aunque sin precisar el número de veces, sí ha reconocido como «muy posible» que entrase en la historia clínica del hombre después de esas fechas: «Buscábamos cualquier cosa para salvarle».

El acusado, del que consta que accedió 26 veces a los datos de su suegro y otras cinco a los de su cuñada, ha recalcado que «ellos lo sabían de toda la vida».

El matrimonio ha sostenido en todo momento que había consentimiento y que por eso mismo figuraban en la base de datos del Sergas como sus personas de contacto.

LA VÍCTIMA LOS CONTRADICE

La siguiente en testificar ha sido la propia perjudicada, que ejerce la acusación particular. Su versión ha sido bastante divergente, ya que, según las respuestas que ha dado a su abogado, a la defensa y a la Fiscalía, los encausados «no» tenían consentimiento ni tácito, ni verbal ni escrito para ver su historial médico.

Tampoco la habían cuidado durante 15 días, ninguno de ellos iba con su padre a las citas médicas que tenía y «nunca» le habían hecho un favor como trabajadores del Hospital Provincial, todo ello según su declaración. Incluso ha relatado que la ruptura de relaciones entre ellos se había producido ya en mayo de 2015, meses antes de lo que habían dicho su hermana y su cuñado.

La mujer decidió denunciar estos accesos a sus datos médicos por «sospechas» al ver que en las demandas que los acusados habían dirigido contra ella –por supuesta violencia doméstica– se hacía referencia a datos médicos que no debían conocer. También ella llegó a denunciar a su hermana mayor en octubre de 2015 por una supuesta agresión al padre durante «un forcejeo».

A su vez, ha asegurado que el progenitor de ambas «nunca estuvo demente» y que en septiembre de ese año él hizo «una autotutela para que, en caso de ser incapacitado», su tutora fuese su hija la pequeña y que «en ningún caso» esta labor la ejerciese ni su esposa ni su otra hija.

«No estaban preocupados (por el padre) y lo que hacían era acceder a mi historia clínica para poner denuncias falsas contra mí», ha constatado la perjudicada, para luego afirmar que su padre «iba solo» al médico y que su hermana mayor y su cuñado nunca llamaron para preguntar qué tal estaba.

OTROS TESTIGOS

También ha declarado en la sala la funcionaria encargada de abrir el procedimiento disciplinario contra los dos trabajadores del Sergas. Así, ha reconocido que los cientos de accesos a la documentación médica «no hay quien los justifique».

«Si le preocupa un familiar, no sé cómo va a ayudar el hecho de acceder a una historia clínica», ha respondido la funcionaria, para posteriormente constatar que el hecho de acompañar a un paciente a una consulta «no» autoriza, tampoco, a poder revisar su información médica.

Además, ha testificado el guardia civil que acudió a la casa después de la denuncia por maltrato doméstico. El agente se entrevistó con el padre a comienzos de 2016 y le manifestó que estaba «perfectamente» y que «el único problema» eran las desavenencias familiares.

«Él quería estar allí, estaba ágil, era consciente de todo y estaba bien aseado. Ninguna pega al respecto», ha zanjado.