La Consellería de Política Social e Xuventude ha publicado este martes los servicios mínimos para la huelga en escuelas infantiles privadas y públicas de gestión indirecta programada para este miércoles (8 de noviembre) en Galicia, que se repetirá el mismo día de la próxima semana (15 de noviembre).

El decreto establece que, al menos, habrá dos profesionales para abrir y cerrar el centro, además de una educadora por cada aula en caso de aquellos que tengan dos o más unidades. Son unos servicios mínimos que los sindicatos –el paro lo convoca CCOO, aunque lo secundan CIG y STEG– ven «más que abusivos», porque «vulnera el derecho a huelga» de un sector que está «precarizado no, lo siguiente».

El texto que publica este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG) considera la atención «educativa y asistencial» de los niños de 0 a 3 años de «carácter esencial», junto con la «exigencia constitucional de garantizar el derecho de la comunidad a no ser privada de determinados bienes o servicios, que prevalece sobre el derecho fundamental de huelga».

Por tanto, la Consellería de Política Social asegura en el decreto que el seguimiento de la huelga «podría generar un perjuicio» para los menores; para las familias, ya que es un servicio esencial para que «puedan conciliar su vida personal y familiar»; y para el personal del centro «que no la secunde».

Por todo ello, y en vista de que no se llegó a un acuerdo con los sindicatos para fijar los servicios mínimos, Política Social los establece de la siguiente forma: por un lado, dos trabajadores de atención directa a los niños que garanticen la apertura y cierre de cada centro; y otro educador a mayores por cada aula que tengan las guarderías de dos o más unidades.

CRÍTICAS A LOS SERVICIOS MÍNIMOS

La responsable de Ensino Privado de CCOO Galicia, Tania Alonso, en declaraciones a Europa Press, avanza que recurrirán este decreto de servicios mínimos «totalmente abusivos», que «vulneran el derecho a la huelga» y «ningunean absolutamente» las pretensiones de los sindicatos trasladadas a la Consellería.

«No son de servicio unos servicios mínimos de las escuelas infantiles. Durante la pandemia, (las escuelas infantiles) no fueron decretadas como servicios esenciales. Pedimos que no existan servicios mínimos y, en caso de existirlos, que sean sensatos», subraya Alonso, quien estima que el «90 por ciento» de la plantilla no podrá secundar los paros.

La responsable de CCOO, sindicato convocante de la huelga, no entiende que, si la Xunta considera «imprescindibles» a estas educadoras, no tengan condiciones laborales «acordes».

En términos similares se pronuncia el responsable de CIG-Ensino Privado, Henrique García, quien lamenta que la Consellería de Política Social saque un día antes de la huelga un decreto de servicios mínimos «no, lo siguiente», porque «se pone de lado de la patronal».

«Es realmente un palo más que se pone en las ruedas de estas trabajadoras que están precarizadas no, lo siguiente», denuncia García.

Asimismo, educadoras de escuelas infantiles compostelanas consultadas por Europa Press han mostrado su frustración e indignación por unos servicios mínimos que, de facto, «anulan» su derecho a la huelga pese a ser un sector «precarizado».

Se quejan de que empleen argumentos vinculados a las necesidades especiales de los menores cuando, precisamente, reclaman más «formación» y apoyo que no están recibiendo. Así, se preguntan si son «esenciales o invisibles» y reivindican su derecho a la huelga, sabedoras de que sus protestas pueden causar inconvenientes a las familias, pero con el fin de, precisamente, poder dar una mejor atención y tener unas condiciones de trabajo que permitan desarrollar su labor de la manera adecuada.

PROTESTAS

La huelga de este miércoles estará acompañada de una concentración frente a la patronal de las escuelas infantiles en la rúa do Vilar, en Santiago de Compostela. La próxima semana, habrá una manifestación también en la capital gallega.

La última propuesta de convenio puesta encima de la mesa por la patronal, en una reunión celebrada el pasado día 2 –habrá una nueva el 24 de noviembre–, fija subidas salariales progresivas hasta el año 2026 que quedarían, para entonces, en 1.210 euros brutos para las guarderías privadas y en 1.276 para las públicas pero de gestión indirecta.

Los sindicatos advierten que estos aumentos se verán absorbidos por las probables subidas del salario mínimo interprofesional que aprobaría, previsiblemente, el nuevo Gobierno central. Además, censuran que esto vaya a ser a costa del «deterioro» de aspectos sociales en el convenio, con la «eliminación» de las becas a los hijos de los trabajadores y del complemento de incapacidad temporal, entre otros.