El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo ha desestimado un recurso del PP y ha avalado que la Diputación de Lugo, gobernada por PSdeG y BNG, comprase una acción de Tragsa por 8.225 euros y le encargase a la misma empresa pública el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había emitido una sentencia en la que confirmaba la legalidad de la entrada en el accionariado mediante un decreto de Presidencia de la Diputación, de 2019, y un acuerdo de la junta de gobierno, de 2022, que encargó a Tragsa este servicio.

Ahora, una nueva resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según informa a través de un comunicado la institución provincial, alude a ese pronunciamiento del TSXG: la compra de la acción para emplear la empresa como medio propio «podía decidirla la Presidencia de la Diputación, como así lo hizo».

Y es que, al ser una empresa pública estatal, «no es preciso» que el gobierno provincial diseñe una memoria económica financiera. Tampoco ve el juzgado «desviación de poder alguna» en la decisión de que fuese el pleno el que ratificase los acuerdos.

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, celebra esta sentencia con la que el PP «fracasa de nuevo» en su intento de «torpedear la gestión» de su gobierno con Tragsa.

Así, Tomé cree que los populares deben «rectificar y pedir disculpas, con la misma intensidad y con los mismos medios» que cuando emprendieron estas acciones judiciales con «mentiras y engaños».