La diputada del PSdeG Patricia Otero ha asegurado que los últimos informes del Consello de Contas enmiendan a la totalidad la gestión de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade con los informes presentados la semana pasada sobre la gestión de cinco autovías y del Plan de Transporte por carretera.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Cámara gallega, la parlamentaria socialista ha informado de que preguntará en el próximo pleno de la Cámara gallega a la conselleira del ramo, Ethel Vázquez, sobre este asunto.

«En los últimos años la conselleira solo ponía deberes a otras administraciones y lo que vemos y lo que nos dicen los informes es que parece que tienen su casa sin barrer», ha denunciado Patricia Otero, que ha reclamado a la titular del departamento que de explicaciones sobre las recomendaciones del órgano fiscalizador, que reclama revisar los acuerdos por los que se incrementaron las tarifas a las concesionarias de las autovías.

En concreto, la parlamentaria socialsita ha advertido de que la Xunta decidió en 2014 pagar a las empresas concesionarias de las autovías del Salnés, Barbanza y Celanova 205 millones de euros más que pedían por que el tráfico de vehículos era inferior del que esperaban.

Al respecto, ha indicado que el Consello de Contas sostiene que este cálculo es incorrecto y que está haciendo que «todos los gallegos y gallegas tengan que soportar un sobrecoste de 44 millones de euros» en favor de las concesionarias.

Otero ha criticado que «cuando hay beneficios los asumen las adjudicatarias, pero cuando hay pérdida de ingresos lo tienen que asumir todos los gallegos y gallegas», después de la decisión del Gobierno gallego de salir en auxilio de las empresas incluso cambiando la ley.

Así, ha explicado que la norma impedía hacer este reequilibrio de la concesión, pero ha indicado que el Gobierno gallego introdujo una modificación legal en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2014 para habilitar a la Axencia Galega de Infraestruturas a tomar esta decisión.

El Consello de Contas le reclama ahora a la Xunta que revise el incremento y reduzca los 44 millones de euros de sobrecoste hasta lo «estrictamente indispensable» para asegurar la viabilidad de los contratos.

El ente fiscalizador critica, además, que el Gobierno gallego ni siquiera valorase rescindir los contratos y volver a convocar la licitación o incluso asumir la gestión con medios propios, una opción que considera que «sería mucho más beneficiosa para todos los gallegos y gallegas».

PLAN DE TRANSPORTE

En su intervención, además, ha señalado que el segundo de estos informes, que fiscaliza el Plan de Transportes por carretera evidencia un «fallo estructural» en la gestión de la Consellería y señala que «hay una abdicación» de las competencias de inspección y control de los contratos firmados.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha alertado de que el documento señala que el departamento autonómico renunció a cobrarles a las concesionarias el pago del canon por la explotación del servicio hasta que no tuvo requerimiento de Contas.

Además, apunta que hay numerosas quejas de usuarios sin contestar y que hay infracciones abiertas a concesionarias, en algunos casos catalogadas como graves o muy graves, ante las que se abren expedientes sin que después se imponga ningún tipo de penalidad.

Patricia Otero ha sostenido que estos informes se suman a «todos los fallos judiciales» por el desarrollo del plan y ha recordado que recientemente el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que daba un «tirón de orejas» al Consello Galego da Competencia y a la Xunta por «mirar hacia otro lado» ante un reparto de concesiones que, según ha indicado, «vulneró las normas de competencia».