El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso pidiendo al Gobierno en funciones que detalle el coste total que supondrá para las arcas públicas los actos programados por el juramento de la Constitución por parte de la Princesa Leonor, que tendrán lugar este martes, coincidiendo con su décimo octavo cumpleaños.

En su iniciativa, presentada tanto en gallego como en castellano y recogida por Europa Press, el diputado del BNG, Néstor Rego, sospecha que esta ceremonia supondrá «un elevado desembolso» de dinero público, bien de los fondos asignados anualmente a la Casa del Rey en los Presupuestos Generales del Estado o directamente a cargo de distintas partidas ministeriales.

Rego cita, en concreto, que la ceremonia de proclamación de Rey Felipe VI en 2014 supuso a las Cortes más de 130.000 euros y que el coste total en el caso de los actos de celebración del cuadragésimo aniversario de la Constitución ascendió al medio millón.

El diputado no pregunta por los costes de esta ceremonia para el Congreso, y se centra en actividades de los ministerios de Defensa y de Interior, así como de la Casa del Rey.

EL DESFILE Y EL ALMUERZO EN PALACIO REAL

Así, pide saber qué coste tendrá la presencia y el desfile militar que habrá este martes en la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso, con motivo de esta ceremonia, y exige dar cuenta de los gastos del almuerzo y resto de festejos que tendrán lugar en el Palacio Real, al término de acto central en la Cámara Baja.

También quiere saber cuánto costará el collar de la Orden de Carlos III que la Princesa Leonor recibirá y quién lo sufragará, así como el gasto público que traerá consigo el despliegue del dispositivo policial y de seguridad extraordinario con motivo de este evento, así como las distintas actuaciones que correrán a cuenta del Gobierno.

El BNG es uno de los partidos que no acudirá a la ceremnia parlamentaria de este martes en el que la heredera de la Corona se somete a la Constitución y a la soberanía nacional. Según apuntan los nacionalistas gallegos, se trata de un acto protocolario «para la continuación de una institución anacrónica y que se mantiene por imposición de la voluntad del dictador Franco como herencia del franquismo».