La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defiende «legislar aquello que el Gobierno tiene sin legislar» en materia de costas, tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de un recurso del Gobierno central por el que suspende los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023.

Tras esa decisión, la Xunta defiende que con esos artículos en la ley de acompañamiento se busca que «se actúe por parte de las administraciones en un máximo de 15 años».

En concreto, los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley de acompañamiento limitan a un plazo de 15 años el plazo de obligación de restitución de obras ilegales en zona de dominio público marítimo-terrestre y abre la puerta a su regularización tras ese periodo, lo que choca con la legislación estatal.

Por otra parte, Vázquez censura que el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley gallega de litoral –en este caso todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión a trámite– tiene «mucho más de político que de jurídico».

Preguntada por el PPdeG en el pleno del Parlamento, la conselleira ha hecho una valoración «tremendamente negativa» de este recurso, presentado «prácticamente en el último día» posible legalmente por un Gobierno en funciones y sin dar «ninguna oportunidad» a la constitución de una comisión bilateral como ocurre con otras normas. Observa en ello «diferencias sustanciales» con lo que «se hizo con Cataluña».

Además, se queja de que ya van 15 días sin que la Xunta haya tenido acceso al informe del Consejo de Estado sobre la ley de litoral. «Seguimos sin tener ni idea en qué se basó», critica. Asegura que solo han recibido «folio y medio» con las alegaciones del Gobierno, en lo que tacha de «desprecio total y absoluto».

Y es que la vicepresidenta segunda de la Xunta sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que «no haya vestigio humano en la costa gallega allá en 2040».

«PARALIZACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA»

Alerta de una «paralización total y absoluta» de la actividad económica en la costa gallega, «incluso» para dotar de servicios a viviendas en costas. Pone el ejemplo de una vivienda de Queiruga, en Porto do Son, en la que «no se permite la reposicion de la canalizacion», en la que «van a quedar sin agua potable y saneamiento»

Y avisa de efectos a la cadena mar-industria a la que «no permiten reposiciones de servicios mínimos. Asegura que, «ahora mismo», a una industria a la que quiera hacer cualquier ampliación o cambio «se le está diciendo que no».