Un juzgado de Lugo ha obligado a la compañía Capsa a revisar los salarios para adaptarlos al crecimiento del IPC real en su planta de producción de A Robra, en el municipio lugués de Outeiro de Rei.

La sentencia, consultada por Europa Press, da la razón a la CIG en su reclamación contra la empresa de productos lácteos, por lo que la compañía deberá subir un 3,8% los sueldos de su plantilla, que también cobrarán los retrasos generados desde el 1 de enero de 2023.

«La resolución judicial desmonta todos los argumentos de CAPSA, no dejando duda de que la revisión salarial hay que hacerla calculando la diferencia entre el incremento anual acordado y el IPC real, como vía para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo», ha destacado el secretario de la FGAMT-CIG de Lugo-A Mariña, Christian López Carmona.

El juzgado también determina que la cláusula de revisión está pactada en convenio para los años 2022 y 2023, por lo que, como resalta la CIG, «tocará prodecer a la actualización salarial conforme al IPC real de 2023» en los próximos meses.

La central nacionalista espera que la Capsa no imponga recurso contra esta resolución judicial y acepte el contenido de la sentencia para así «recuperar la paz, normalizar las relaciones laborales y recuperar la confianza perdida, sobre todo en la perpectiva de la próxima negociación del nuevo convenio colectivo».