El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha insistido este lunes ante sus socios comunitarios en que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea sea un «caso único» que se circunscriba «exclusivamente» a ellas y no a otras lenguas regionales europeas, en un intento por superar el temor a un efecto contagio de otros países del bloque.

«Explicaré el hecho de que esta reforma se circunscribe exclusivamente a España por unas circunstancias y unas condiciones muy específicas que convierten las lenguas cooficiales españolas en un caso único», ha expresado Albares en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE en donde los Veintisiete abordarán brevemente este asunto.

El jefe de la diplomacia española ha expuesto en la sala que la cooficialidad de las tres lenguas está recogida en la Constitución española y que su uso ya se permite tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, al tiempo que ha defendido su amplio uso que, en el caso del catalán, con según ha dicho el ministro más de 10 millones de hablantes, tiene una representación mayor que los idiomas de varios Estados miembro.

Los ministros ya trataron en septiembre la propuesta española para modificar el reglamento que afecta al uso de las lenguas pero no hubo apenas discusión ni se tomaron decisiones porque una gran mayoría de socios avisaron a España de que necesitaban información concreta sobre el coste de la medida y su encaje legal antes de analizar el fondo de la cuestión.

Albares, que no ha querido dar detalles ante la prensa de lo que implicaría ese trato diferenciado respecto al resto de lenguas regionales que plantea, también ha adelantado que «formalizará» la propuesta que ya expuso en el primer debate de la disposición de que el coste de la medida «corra íntegramente» a cargo de España, aunque tampoco ha ofrecido cifras estimadas de lo que ello implicaría.

El ministro español también ha defendido que desde que el asunto fue discutido por primera vez a nivel de Veintisiete en septiembre se han dado la propuesta española ha sido «adaptada» a algunas de las demandas de sus socios y que el propio Albares ha dicho que ha tratado con otras capitales «estas semanas».