El Parlamento de Galicia ha vuelto a pedir al Gobierno central la creación de cinco nuevos juzgados exclusivos contra la violencia de género en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol.

Lo han hecho a partir de una Proposición No de Ley presentada por el grupo popular en la Comisión 1ª y aprobada por unanimidad.

«Las estadísticas muestran que la especialización del juzgado potencia la denuncia de las víctimas de estos delitos porque sienten que se soluciona su situación al resolverse los procedimientos civiles y penales en plazos más cortos», ha defendido la diputada popular Katy Varela.

En su intervención, ha recordado que en Galicia existen 45 juzgados de violencia contra la mujer, pero solo los de A Coruña y Vigo son excluyentes. En los restantes 43 entran todos los casos del área, pero también de otras.

Esta situación, ha señalado, contrasta con lo recogido en la Ley integral contra la violencia de género, que dispone que en cada partido judicial exista, como mínimo, un órgano judicial que asuma las competencias propias de estos juzgados, «de forma que se garantice a todas las víctimas una respuesta judicial efectiva y especializada».

«La situación actual y las estadísticas en materia de violencia sobre la mujer aconsejan la creación de este tipo de juzgados exclusivos y excluyentes, a lo que se añade la inexistencia de una jurisdicción especializada en el conocimiento de las causas penales y civiles relacionadas con la violencia sobre la mujer en las cinco ciudades gallegas», ha apuntado.

Además, ha defendido que «facilitar la competencia en el mismo órgano judicial para el conocimiento de las cuestiones en materia penal y civil evita la peregrinación de las víctimas por los juzgados, la múltiple victimización y garantiza una respuesta judicial de calidad».

OPOSICIÓN

Por su parte, la socialista Paloma Castro Rey ha asegurado «compartir» la necesidad de la creación de estos juzgados, pero ha insistido en la necesidad de que también se les dote de profesionales.

Ha apuntado también la conveniencia de contar con un balance de la situación a nivel de infraestructuras de los juzgados ya existentes para «llevar a cabo la adaptación necesaria que permita la privacidad y amabilidad» que necesitan las víctimas.

El diputado nacionalista Iago Tabarés también avanzaba su voto a favor, ya que entienden que «agiliza los procedimientos», pero ha puntualizado que lo mismo ya se pidió en 2007 y que en varias iniciativas similares los populares votaron en contra. «Esperamos que este cambio de criterio se deba a una reflexión y no a un error», ha señalado.

Además, ha puesto el foco en la carga que soportan los juzgados, poniendo como ejemplo el de Santiago, que además de hacerse cargo de los casos de violencia contra la mujer, tiene que operar como un juzgado de instrucción normal y que, este año, ha tenido que instruir el caso del Alvia.

A esto se suman las guardias de instrucción, una cada tres semanas, y «la guardia permanente» que lleva a cabo en los casos de violencia contra la mujer.