Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Galicia, exigen al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria urgente de la conferencia sectorial para tratar la puesta en marcha de la obligación de cotizar a la Seguridad Social de todo el alumnado que realiza prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, según han informado a Europa Press fuentes populares.

El objetivo de esta convocatoria, en la que han pedido también que estén presentes los ministerios de Universidades y de Seguridad Social, es garantizar la calidad formativa de las prácticas del alumnado no universitario y universitario.

Para el PP, que defiende mejorar las condiciones de las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de los distintos niveles educativos, la medida del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social es «beneficiosa» para el alumnado y la sociedad, pero considera que para que sea efectiva se deben dar los pasos precisos para su correcta implantación, y «no generar efectos perversos que incluso puedan amenazar la titulación de miles de alumnos en diversos niveles educativos».

Así, la formación recuerda que, desde su entrada en vigor, se dio un período de más de seis meses para desarrollar un procedimiento operativo que sirviera para poder gestionar las altas y bajas, así como la cotización a la Seguridad Social del alumnado. Sin embargo, en ese periodo, el Gobierno de España «no avanzó lo más mínimo» en la búsqueda de la solución al problema originado, por la «descoordinación» interna en el Gobierno de España entre varios ministerios.

Desde el PP advierten de que la «inacción» fue tal que el Gobierno se vio obligado a prorrogar hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de esta medida. Sin embargo, apostillan que la moratoria no ha servido al Gobierno para subsanar los problemas y garantizar su correcta implantación.

Cuando quedan menos de tres meses para la entrada en vigor de la medida, el PP critica que el Gobierno no haya avanzado en la implementación de una solución operativa que satisfaga a todas las entidades afectadas: empresas o centros asimilados, centros educativos, instituciones, universidades, comunidades autónomas, etc.

Fuentes de las consejerías autonómicas afirman que la propia Seguridad Social «no es conocedora de los efectos perversos que una mala implementación de esta acción puede provocar», como la desincentivación de las entidades colaboradoras y el riesgo potencial para la titulación de miles de estudiantes.

Por todo ello, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado formalmente al Ministerio la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.