El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha responsabilizado a la Xunta de los problemas de acceso a propiedades privadas generados por el vial perimetral del Hospital Montecelo.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el alcalde ha asegurado que la Administración autonómica es la culpable de que haya fincas que se han quedado sin acceso por negarse a ampliar las expropiaciones antes de que se contratasen las obras.

Según ha manifestado Lores, el ayuntamiento «está dando todas las facilidades del mundo para la construcción del nuevo hospital de Montecelo». «Tenemos un convenio firmado en su día, que, por cierto, no aparece indicado en ningún sitio de los carteles que allí están», ha añadido.

El regidor de la capital provincial ha insistido en que el ayuntamiento «no decidió donde se pone la localización del Gran Montecelo», ni tampoco dónde van los aparcamientos o el contenido del proyecto sectorial de infraestructuras.

Lores ha señalado que «el motivo de las quejas vecinales» es el proyecto hecho por la Xunta, que fue sometido a exposición pública y «es el título habilitante para las expropiaciones» hechas también por el Gobierno gallego.

También ha defendido que la administración que encabeza «desde el primer minuto» comentó que la expropiación prevista «era insuficiente para garantizar el acceso a las fincas». «Nosotros pasamos en su día documentación que recomendaba hacer una exposición más amplia de la hecha», ha añadido.

«Les hicimos notar que era imposible hacer un vial de servicio a un lado del vial de circulación y se negaron, de manera reiterada, a modificar esas expropiaciones», ha recalcado el alcalde de Pontevedra.

Lores considera que fue ahora cuando la Xunta se dio cuenta de que «metió la pata» al no hacerle caso al ayuntamiento, algo que el líder local del Partido Popular, Rafa Domínguez, «sabe perfectamente» y, por eso, ahora «sigue jugando a despistar y sigue echándole la culpa al ayuntamiento».

TRIBUNAL DE CUENTAS

En esta misma comparecencia, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha informado «de una nueva metedura de pata» del portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, después de que el Tribunal de Cuentas resolviera que «no existe ninguna responsabilidad contable» en lo referido al contrato de construcción y explotación de una planta de compostaje en A Canicouva.

La Fiscalía ya había dicho que el contrato del alquiler de los terrenos realizado entre el ayuntamiento y la Comunidad de Montes de A Canicouva estaba en vigor, pero a petición del Partido Popular el asunto fue remitido al Tribunal de Cuentas.

«Domínguez quiso enmarañar hasta el último extremo esta cuestión y la conclusión es que vuelve fracasar en el intento de ensombrecer cuestiones municipales», ha sentenciado el alcalde.