La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende Augas de Galicia, cree que «no es de recibo» la moratoria que solicita la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para aplazar el cobro de las liquidaciones que el organismo autonómico solicita a aquellos ayuntamientos por gestionar sus depuradoras.

Eso sí, el departamento que dirige Ethel Vázquez se muestra «a disposición» de la federación municipalista «para mantener cuantas reuniones considere oportunas para reforzar la colaboración» en la gestión de este servicio municipal.

Así responde la Consellería después de que el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, mantuviese una reunión con varios regidores que denuncian un aumento de las cuantías que les cobra la Administración autonómica a raíz de la aprobación el año pasado de la ley del ciclo del agua.

La Xunta recuerda que esta norma fue «sometida a un proceso de diálogo» con los ayuntamientos y con la Federación de Municipios e Provincias, además de que estuvo en proceso de información pública durante un plazo que se amplió «en dos ocasiones».

Por tanto, la Consellería cree que «no es de recibo» la petición de esta moratoria cuando las administraciones locales «son conocedoras, desde el primero momento, del contenido y del alcance de la ley, que no tiene sino como único objetivo alcanzar una gestión profesionalizada del ciclo integral del agua».

Además, recuerda que esta ley ofrece un «modelo voluntario» de gestión de las depuradoras, es decir, que son los ayuntamientos los que deciden si delegan o no en la Xunta la gestión de las depuradoras.

En este contexto, la Administración autonómica defiende su ley, desmiente que se creasen nuevas tasas a los usuarios y tacha de «absolutamente falso» ese incremento del 60 por ciento que, según la Fegamp y la oposición (BNG y PSdeG), iba a suponer esta norma.

SOBRECOSTES POR «INEFICIENCIAS»

Lo que hace la nueva regulación, explica la Consellería, es hacer una estimación del agua que, en función de la población a la que da servicio, debería llegar a cada depuradora para su tratamiento, así como una aproximación de la carga contaminante.

El objetivo es evitar ineficiencias en la red municipal de saneamiento e impedir que aguas que no tienen por qué llegar a las instalaciones –como la de lluvia y la del mar– se tenga que tratar.

Son estas «ineficiencias» en las redes de saneamiento las que provoca que haya que «repercutir» a los ayuntamientos –no a los vecinos– el sobrecosta que supone el tratamiento de ese exceso de caudal o de contaminación, lo cual «no se debería producir si las redes municipales estuviesen en buen estado».