La trabajadora social acusada de abusar sexualmente de una niña en un centro de menores ha negado los hechos durante la vista celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Durante la misma, que se ha llevado a cabo a puerta cerrada, su abogado ha presentado nuevas pruebas, entre las cuales unas cartas supuestamente escritas a mano por la joven, en las que la niña, que por el momento de los hechos tenía 13 años, confesaría que estaba siendo presionada para acusarla.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que durante esta jornada solo ha declarado la acusada, por lo que el juicio durará más de lo previsto, ya que se retomará este miércoles con el testimonio de la menor y su abuela, así como con más testigos.

En la sesión de esta mañana, que duró cerca de cuatro horas, la trabajadora social defendió su inocencia y presentó hasta nueve manuscritos de la menor, donde supuestamente la joven reconocería que estaba siendo coaccionada, que la estaban «loqueando» y que «se lo inventó todo». Además, en esos escritos, que fueron admitidos como prueba, la menor aseguraría que tenía «miedo», al no saber si la iban a castigar, porque estaba «harta» de que la castigasen.

Sin embargo, aunque el abogado de la acusada lo solicitó, no se admitió una prueba pericial caligráfica para detectar si esos documentos fueron escritos por la niña. Aun así, fueron admitidos como prueba para preguntarle a la supuesta víctima si ella los escribió. En esos papeles también se reconocerían abusos previos sufridos por la menor.

Entre otras cosas, se ha solicitado la declaración de otra menor (en la actualidad ya mayor de edad) que compartió centro con la supuesta víctima y un informe pericial con el volcado del terminal móvil de la acusada.

HECHOS

Los hechos proceden del juzgado de instrucción número 2 de Redondela y, según el escrito de calificación fiscal, la acusada mantuvo una relación sentimental «teniendo relaciones sexuales completas» con una menor de 13 años que había conocido en su condición de trabajadora social en un centro de menores donde trabajó.

Por resolución de fecha 30 de enero de 2020 se acordó una orden de protección que prohibía a la acusada acercarse a menos de 100 metros de la menor y de comunicarse con ella por cualquier medio, que continua en vigor.

El Ministerio Público solicita para la acusada 11 años de cárcel, además de la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios y cualquier lugar en el que ésta se encuentre a menos de 100 metros por un tiempo de 15 años.

También su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que implique relación o contacto con menores de edad por tiempo de 16 años o, en su caso, durante cinco años más que la pena privativa de libertad que resulte impuesta. Como responsabilidad civil, le pide una indemnización de 5.000 euros, además de 11 años de prisión.