La Xunta ha censurado que el Gobierno introdujese cambios en la ley de dependencia a través de un real decretado publicado «a cinco días de las elecciones» del pasado 23 de julio que no fue «consensuado» con las comunidades ni «cumple» con la obligación del Estado de financiar «al 50%» el coste de la prestación de la dependencia en las comunidades.

Lo ha manifestado la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Xuventude, María Francisca Gómez, en respuesta a la pregunta hecha este jueves por la diputada del PSdeG Marina Ortega, que ha defendido que los cambios introducidos en julio por el Gobierno central «duplican» los fondos que el Estado transfiere a Galicia en comparación con la etapa del popular Mariano Rajoy en La Moncloa.

Además de calificar de «electoralista» la modificación legislativa, la responsable del Gobierno gallego ha destacado las «contradicciones» que la Xunta aprecia en estos cambios, entre las que ha citado los «importes mínimos» incluidos para prestaciones que antes «no tenían» y que, según Gómez, «son inferiores a los fijados en Galicia».

De este modo, ha asegurado que si se aplican los nuevos términos «en su literalidad» las presonas usuarias de libranza del servicio de ayuda en el hogar y de centro de día «percibirían importes inferiores a los que tienen en la actualidad».

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno «todavía está muy lejos» de aportar el 50% de la financiación que marca la Ley de Dependencia, ya que, según Gómez, Galicia «sigue asumiendo el 70%» del coste de los servicios.

PSDEG URGE CELERIDAD

Por su parte, la diputada socialista Marina Ortega ha instado a la Xunta a «ponerse laspilas», cumplir con sus competencias «y no pedirle a papá Estado que haga todo», al tiempo que ha censurado que al Gobierno gallego «le parezca poco» que se «dupliquen» las aportaciones en comparación con los tiempos de Rajoy en el Ejecutivo central.

Así pues, ha advertido que Galicia es la comunidad en la que «menos socilicitudes se inician por habitante potencialmente de toda España» y ha atribuido el dato de que «sólo pidan las ayudas» el 16% de la población potencial a los retrasos de «dos, tres o cuatro años» en las resoluciones.