Trabajadores de la Madera Fiber, antigua filial de Faurecia en O Porriño (Pontevedra), se han concentrado en la mañana de este miércoles ante la Delegación de la Xunta en Vigo para pedir una solución que garantice el mantenimiento de los más de 100 empleos, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores.
Tras la protesta desarrolla la semana pasada delante de las instalaciones de la compañía del sector automovilístico, este miércoles el personal ha decidido acudir a la sede del Gobierno autonómico en la ciudad para exigir «agilidad» por parte de los responsables políticos en la búsqueda de una solución.
Allí, han pedido al Ejecutivo gallego que encuentre «un inversor serio» que se haga cargo de la empresa y retome la actividad, según recoge la CIG en un comunicado.
Los trabajadores se han quejado de la «ética» que, a su juicio, lleva a cabo Faurecia, que primero cobró subvenciones, después cerró la planta y ahora pretende que el personal cobre de la Administración, según rezaba la pancarta que encabezaba la concentración.
El sindicado ha informado de que ya han solicitado una reunión con la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, «pero aun no se ha obtenido respuesta».
HECHOS
La situación, según explicaron los trabajadores, viene dada después de que en julio de 2021 Faurecia comunicó a los empleados la venta de la unidad productiva al grupo Callista Private Equity, tratándose de un fondo buitre alemán.
En enero de 2022 esta compañía tomó el control de la planta de O Porriño tras el pago de un euro, pese a que Faurecia además inyectó capital por valor de tres millones, según denuncian los empleados.
En ese momento, los responsables del comprador se reunieron con el comité informando de que traían un plan industrial para dar viabilidad a las instalaciones. «La realidad que pudimos comprobar fue que nunca tuvieron un plan industrial, ni invirtieron nada para tenerlo, sino todo lo contrario, se dedicaron a descapitalizar la planta, llegando incluso a vender los terrenos en julio de 2022 por un precio muy inferior al valor de mercado de 2,4 millones», criticó el presidente del comité de empresa, Leonardo Suárez.
«En febrero de este año el fondo buitre alemán, siguiendo su modus operanti habitual, abandona la antigua planta de Faurecia cediendo los activos por 3.600 euros a una empresa rumana gestionada por Rüdiger Wisser, personaje que se define a sí mismo como ‘el enterrador», añadió el presidente del comité.
Según él, el nuevo propietario dejó claro que pretendía buscar un nuevo comprador o cerrar la planta y el pasado jueves, 14 de septiembre, presentó el concurso de acreedores.
