El juzgado de instrucción número 2 de O Porriño (Pontevedra) ha dictado auto en el que acuerda el archivo de la causa abierta contra la exalcaldesa socialista de esta localidad, Eva García de la Torre (fallecida en enero de 2022), dos concejales y varios empresarios y familiares, por supuesta prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en la adjudicación de unos trabajos de desbroce, al no estar debidamente acreditada la comisión de los delitos y tras el fallecimiento de la exregidora.

La resolución, de agosto pasado, señala que ya la Fiscalía pidió en un informe el sobreseimiento, y que no ha resultado acreditada la comisión de los delitos por parte de los investigados.

Los hechos denunciados se produjeron durante el mandato de la socialista, entre 2015 y 2018, por la contratación, de forma verbal, de los servicios de limpieza viaria y desbroce, sin tramitación de expediente alguno. Así, la empresa contratada se limitaba a pasar facturas al Ayuntamiento (siempre menores de 18.000 euros) hasta que los responsables municipales empezaron a manifestar disconformidad con esas facturas y las empresas acudieron a los juzgados.

Esa forma de proceder, no obstante, se mantuvo y generó informes disconformes por parte de la intervención municipal, aunque la Alcaldía levantaba los reparos y acudía a los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar.

SIN INDICIOS DE DELITO

En el caso de Eva García de la Torre, la juez señala que no es necesario examinar su conducta, toda vez que, tras su fallecimiento, ha quedado extinguida su responsabilidad penal.

Con respecto al concejal Manuel Carrera, que en el momento de los hechos investigados era responsable de Vías y Obras, señala que no hay indicios de que hubiera intervenido en la contratación; y sobre el que era concejal de Limpieza, Orlando Márquez, apunta que no se pudo probar que los trabajos facturados y conformados por este edil no se hubieran realizado, y tampoco hay indicios de que «fuera consciente de la ilegalidad o arbitrariedad» de las decisiones de la alcaldesa, de levantar los reparos.

En cuanto al resto de investigados, la magistrada apunta que su posible responsabilidad penal derivaba de la actuación de los políticos, por lo que «es forzoso concluir que no existen indicios» de que esos delitos se hubieran perpetrado.

RECURSO Y CRÍTICAS DEL PSOE

Este auto de archivo ha sido recurrido por el Ayuntamiento de O Porriño (gobernado por el PP) y por los concejales del grupo municipal ‘popular’.

Ante esta decisión, el PSOE de O Porriño ha constatado el «nerviosismo» del alcalde, Alejandro Lorenzo, a quien han acusado de haber promovido la causa contra la anterior regidora, poniendo en duda su honorabilidad, y sometiéndola a un «acoso judicial» durante 6 años.

Para los socialistas, el recurso es un «intento de mantener viva una estrategia política de deslegitimación y acusaciones que solo enturbian el papel de la Justicia, cargándola con más causas, al tiempo que les permite ocultar su propia mala gestión».

El PSOE ha lamentado que el fin de este proceso judicial «llega tarde» para Eva García de la Torre, y han instado al actual alcalde a «pedir perdón» por el daño causado a las personas implicadas y al propio Ayuntamiento de O Porriño.

El portavoz municipal socialista, David Alonso, ha pedido la dimisión de Alejandro Lorenzo, porque «un alcalde debe, ante todo, asumir su responsabilidad ética y política en casos como éste». Además de los perjuicios a las personas, ha incidido, los ‘populares’ «paralizaron» los pagos del Ayuntamiento y provocó que se generase «casi un millón de euros en intereses de demora».