El sector pesquero español ha criticado la campaña de investigación lanzada la semana pasada por la ONG marina Oceana para analizar los impactos «destructivos» de la pesca de arrastre de fondo en la biodiversidad marina y considera que se trata de una acción «manipuladora» que confunde a la opinión pública.

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) ha reaccionado así al anuncio realizado el pasado viernes, 15 de septiembre, por Oceana para «documentar los efectos destructivos» del arrastre de fondo en el Mar de Alborán y obtener pruebas del daño causado sobre hábitats de especies emblemáticas que mostrarán a los responsables políticos de la UE para que prohíban el arrastre de fondo sobre áreas marinas protegidas».

Oceana asegura que el arrastre de fondo desplaza por el lecho marino pesadas redes lastradas que destruyen todo lo que encuentran a su paso, incluyendo hábitats vulnerables y longevos como los corales y las especies que dependen de ellos y que esta técnica se practica en «una quinta parte de las áreas protegidas designadas en España para proteger sus fondos marinos».

Sin embargo, las organizaciones pesqueras denuncian que esta acción es una «mera campaña de manipulación» cuyo objetivo «solo es confundir a la opinión pública con teorías negacionistas que ocultan la verdad» en favor de otros intereses económicos ante los organismos oficiales y frente a la labor de miles de trabajadores que desarrollan su actividad «con total legalidad».

Además, asegura que Oceana «carece de validez como organismo científico» y que «no tiene respaldo por parte de las instituciones que asesoran, basándose en la ciencia, sobre asuntos relativos a la pesca», tales como, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o centros universitarios, en España, o el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), en la Unión Europea.

En defensa del sector, Cepesca y FAAPE defienden que la pesca en el mar de Alborán se realiza bajo la normativa legal establecida, tanto en número de buques como zonas de pesca.

El sector, dentro de su política de transparencia, apunta que en la Isla de Alborán (GSA 2 en las siglas internacionales ICES) y a la que hace referencia explícita la organización ambientalista, desarrollan su actividad menos de cinco barcos durante los meses de otoño-invierno, y un máximo de 15 durante los estivales.

Este número tan restrictivo de embarcaciones, apunta el sector, «da una idea clara de la sostenibilidad de la pesquería de arrastre en esta zona y del cumplimiento sólido de las normativas».

Por otro lado, las organizaciones pesqueras afean que la organización ambientalista omite en su eje argumental las innovadoras tecnologías que han integrado los barcos de arrastre, como las puertas voladoras que eliminan la fricción con el lecho marino y que reducen entre un 50% y un 60% el consumo de combustible y en 300 toneladas las emisiones de CO2 por buque y año. Consideran que esa es «una muestra más de su falta de rigor científico y manipulación de la verdad».

Por otro lado, FAAPE recuerda que en las aguas de la isla de Alborán existe una zonificación según profundidades y especies, como consecuencia de distintas investigaciones científicas «rigurosas y serias» y que definen con precisión las distintas zonas en las que los barcos de pesca pueden realizar su actividad.

Finalmente, la patronal andaluza manifiesta que los busques de pesca profesional autorizados en la Isla de Alborán son conocedores y cumplidores de toda esta normativa, y que se desarrollan regularmente reuniones con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y los responsables de Áreas Marinas Protegidas (AMP), para revisar y definir las condiciones de pesca.

El vicepresidente de FAAPE y vicepresidente de Cepesca para la pesca de bajura, José María Gallart, califica de «preocupante» que una organización que basa sus argumentos en «meras especulaciones pueda atentar gravemente contra la dignidad y respeto de pescadores que desarrollan su actividad de forma, no sólo legal, sino también ejemplar».

Finalmente, defiende que los pescadores llevan años implicándose en la pesca responsable con un alto compromiso social y ambiental y no están dispuestos a que «falacias subjetivas de personas que no conocen la zona ni la actividad ensucien» su buen hacer y pongan en peligro el sustento de «miles de familias».