El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha afirmado que las mujeres que se someterán a interrupciones voluntarias de embarazo en clínicas privadas «serán menos» que las que lo hacen en la actualidad gracias al contrato licitado este verano por 1,4 millones de euros para realizar estas intervenciones en gestaciones de menos de 14 semanas que no entrañen riesgo.
En respuesta a las preguntas orales hechas por las diputadas Montse Prado (BNG) y Noa Díaz (PSdeG) durante la sesión plenaria del Parlamento de Galicia celebrada este viernes, García Comesaña ha afirmado que este contrato responde a la demanda del Consello de Contas para que la administración regularice este tipo de contratos en la prestación de servicios que se prestan de forma habitual a través de conciertos como el que el Sergas tiene con clínicas para cirugías de interrupción del embarazo.
Así, tras acusar a la oposición de generar «alarmismo», ha defendido que a lo largo de esta legislatura «el 60%» de las intervenciones que se practican en Galicia se realizan en hospitales públicos, al tiempo que ha afirmado que la licitación de este contrato «no significa que vayan a abortar en clínicas privadas más mujeres», sino que serán «menos».
Comesaña ha aseverado que «lo que sí aumentan son las garantías administrativas» gracias al desarrollo de un procedimiento «abierto y transparente» para estas externalizaciones que, según ha recalcado, están amparadas por la ley porque la administración «está obligada» a tener disponible un centro privado con concierto para que las mujeres puedan recurrir a él si así lo consideran.
«IDEOLOGÍA»
Para la oposición, el contrato licitado este verano tiene detrás «razones ideologías» del Partido Popular, que se traslucen de su «negativa» a regular la objeción de conciencia, lo que deriva en que, según ha resaltado la diputada del BNG, existan hospitales y áreas sanitarias en las que se practica este derecho profesional de forma «fomentada».
Por su parte, Noa Díaz ha acusado a la Xunta de «falsear de forma irresponsable» los números de interrupciones de embarazos que se practican en el Sertas que es «el único proceso asistencial» que, a través del citado contrato, va a pasar a ser «completamente privatizado».
