El PP considera «una falta de respeto» que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, haya acordado que las lenguas cooficiales puedan utilizarse ya en el Pleno del próximo martes, antes de que siquiera se haya aprobado la reforma del Reglamento que se registró a tal fin, y estudiará qué respuesta jurídica da a esta decisión que no comparte.

De entrada, el PP ha acusado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de haber roto el consenso que imperaba en toda las cuestiones que afectan al Reglamento del Congreso y que ella misma se comprometió a mantener, y de haber actuado con «incoherencia» respecto al criterio que el propio PSOE defendió hace un año con una iniciativa similar que acabó rechazando.

GIRO COPERNICANO

Este «giro copernicano», según sostienen los ‘populares’, responde claramente a un criterio «político», en tanto en cuanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, necesita cumplir los acuerdos con los independentistas para su eventual investidura.

El PP se ha opuesto a la propia calificación de la proposición de reforma del Reglamento presentada por el PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y BNG porque aún no se ha constituido la Comisión de Reglamento y porque, según han apuntado sus representantes en la Mesa del Congreso, las urgencias y las prisas de los socialistas para usar las lenguas cooficiales no son las mismas que las de la sociedad española ni las del propio Parlamento.

Además, han recordado a mediados de agosto, cuando Armengol anunció que podrían usarse todas las lenguas cooficiales, el PP apuntó la necesidad de pedir un informe jurídico a los letrados del Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales distintas del castellano en la Cámara ante las dudas constitucionales que este cambio de criterio les genera. Citan en concreto, el artículo 3 de la Constitución que, establece el castellano como lengua oficial del Estado, y el 23 que garantiza la participación en los asuntos públicos a través de los diputados.

Pero ni entonces ni este miércoles, que lo han vuelto a solicitar, han logrado su objetivo en la Mesa, donde la mayoría y el propio secretario general del Congreso han señalado que, pese a avisar de las dificultades de su aplicación, los servicios jurídicos no dudan de la constitucionalidad de la iniciativa y, de hecho, se han mostrado a favor de su calificación.

El PP denuncia que el PSOE y Sumar hayan obviado esas advertencias de los letrados, que consideran «muy difícil, si no imposible» aplicar la esta reforma «a corto plazo» en tanto que ello requiere una revisión integral de los procedimientos de la Cámara. «Y hay que guardar de forma escrupulosa esos procedimientos y no hacer una reforma integral por fases», apuntan los ‘populares’.

¿CONTRATOS EXCEPCIONALES?

Asimismo, el PP ha cuestionado que ahora el Congreso vaya a comenzar a hacer contrataciones encadenadas de traductores para que pueda hablarse ya en las lenguas cooficiales, pues considera que estos contratos puntuales no sólo pueden contravenir la Ley de Contratos del Sector Público.

Por todo ello, el PP ha advertido que no descarta tomar acciones jurídicas en aras de «salvaguardar el buen gobierno» del Congreso, después de dejar claro que no está en contra de las lenguas cooficiales sino a favor de proteger los derechos de todos los diputados.