La diputada del BNG Rosana Pérez ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas en las que exige a la Xunta que paralice de inmediato los vertidos de aguas residuales de la explotación de San Finx, en Lousame, «tras haber constatado la propia Administración altos niveles de contaminación aguas bajo las balsas mineras».

Tal y como han señalado en un comunicado, los resultados de los análisis llevadas a cabo por Augas de Galicia en el entorno de las balsas de la mina, «muestran niveles de metales pesados en el agua que superan ampliamente los máximos legalmente permitidos».

En puntos no autorizados del arroyo Rabaceiras, ha destacado la diputada, el nivel de cadmio detectado es 78 veces superior al permitido; el de cobre, 48 y el de cinc, 8.

«Los niveles de contaminación detectados en agosto son recurrentes, pero ahora se reconocen expresamente por la Administración gallega, la misma que nunca antes ha actuado al respecto y la misma que procedió a otorgar un expediente de autorización de vertidos a una empresa que no es fiable ni solvente», ha censurado Pérez, aludiendo al permiso otorgado en febrero por la Xunta para vertir en dos fases «cuatro millones de metros cúbicos de aguas residuales de la explotación minera» al río Pesqueira.

Los nacionalistas critican en su iniciativa que desde hace años las sucesivas empresas concesionarias de la explotación minera «trataron de esquivar su responsabilidad de recuperación ambiental del entorno de la mina y sobre el importante problema que suponen las balsas de residuos contaminantes».

«No es lógico que con esta serie de incumplimientos y con una prueba piloto más que cuestionable hecha por la empresa, la Xunta le vaya a permitir vertir sobre el medio miles y miles de litros de agua con metales pesados, ni que no considere esos incumplimientos. Motivos más que suficientes para paralizar su actividad y obligarla a restaurar el medio», ha afirmado.

Por todo ello, el Bloque exige en el Parlamento que la Xunta «paralice de inmediato» los vertidos de aguas de la mina de San Finx, «articulando todos los mecanismos legales y técnicos que sean precisos».

Asimismo, reclaman al Gobierno gallego que obligue a la empresa a cumplir la Lei de Responsabilidade Medioambiental para prevenir, evitar y reparar daños medioambientales y, de no ser así, «que actúe subsidiariamente con cargo al patrimonio de la concesionaria, de sus administradores, propietarios y demás responsables subsidiarios».

Finalmente, en la iniciativa presentada por los nacionalistas, emplazan a la Xunta a suspender la actividad de la empresa minera concesionaria mientras no se lleve a cabo el obligado estudio de impacto ambiental de la mina y se regularice la situación de ilegalidad en la que se encuentra la explotación.