Las cofradías de pescadores de Noia e Portosín y las restantes organizaciones de la Plataforma comarcal contra los vertidos de la mina de San Finx se han mostrado «indignadas» ante el anuncio de Augas de Galicia de iniciar un expediente sancionador contra Tugnsten San Finx SL, puesto que estos colectivos llevan siete años solicitando medidas sancionadoras que, dicen, no se han implementado por tanto.

En un comunicado, señalan que en el expediente de autorización de vertidos constan analíticas realizadas en el mismo punto del río en los años 2015, 2016 y 2017, que presentaban resultados «igual de alarmantes», sin que la Xunta adoptase «ninguna medida».

«Queremos saber la verdad de por qué Augas de Galicia esperó siete años para iniciar un expediente sancionador y que se depuren responsabilidades administrativas y penales», ha declarado el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.

A su juicio, «no es normal que, conociendo el grado de contaminación del río durante todos estos años, los mismos funcionarios y altos cargos no hiciesen absolutamente nada», lo cual ha dicho sugiriendo que los movimientos de ahora tienen que ver con los cambios de la empresa, después de que Sacyr y sus socios australianos de Pivotal Metals abandonasen el proyecto minero para evitar responsabilidades por los impactos en la ría de Muro se Noia.

Los colectivos de la plataforma solicitaron este viernes la personación en el expediente sancionador para «evitar que se convierta en una farsa y asegurar que se adoptan las medidas cautelares necesarias para impedir que la contaminación pueda llegar a la ría».

OBLIGUE A ACTUACIONES DE «INMEDIATO»

Por ello, han pedido a Augas de Galicia que «obligue a la empresa a parar de forma inmediata» los vertidos de aguas residuales de la mina, mediante las mejoras técnicas disponibles, incluyendo el sellado de tranversales de desagüe mediante ‘bulkheads’ y el taponado de chimeneas y pozos de ventilación, permitiendo así la reinundación de las plantas que fueron vaciadas desde 2008 y creando condiciones que minimicen los procesos de generación de drenajes ácidos de mina.

«Esto es precisamente lo contrario de lo que pretende hacer la Xunta al permitir el vaciado de las plantas inferiores de la mina, pues esto solo llevaría a un aumento de los niveles de contaminación, al exponer las plantas inundadas al oxígeno, que hace que se disuelvan los metales presentes en las piedras de las galerías», explica el portavoz de la plataforma y miembro de Ecoloxistas en Acción, Joám Evans.

MEDIDAS

Así las cosas, la plataforma insiste en que es el momento de «aplicar» la Ley de responsabilidad medioambiental, bajo el principio de que «quien contamina, paga», e imponiendo «sin demora» a la empresa medidas provisionales preventivas y de evitación para «impedir la continuidad de vertidos contaminantes».

Asimismo, también reclaman que se establezcan avales y garantías ambientales para asegurar que la empresa hace frente a los daños, «dado el riesgo de quiebra de la mercantil y de fuga» de sus administradores, todos ellos extranjeros.