El sindicato CC OO ha formalizado este jueves ante la Valedora do Pobo la queja por la «externalización» por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las interrupciones voluntaris del embarazo (IVE). La licitación, prevista por tres años ampliables a cinco tiene un coste de 1,4 millones de euros.

Para la secretaria xeral del sindicato, Amelia Pérez, es «intolerable» que la Xunta «justifique» la medida en una supuesta «falta de recursos, tanto materiales como humanos» y le exige «cambios en sus políticas para garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en los hospitales públicos».

Además, califica de «poco fundamentadas» las explicaciones ofrecidas por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien atribuyó la decisión a una «recomendación» del Consello de Contas. En este sentido, aclara que la recomendación es que exista «un contrato» para dar cobertura a una práctica recurrente por parte de la Administración, sin que ello sea «óbice» para aumentar los recursos destinados al sistema público.

CC OO recuerda que, según los datos divulgados por la propia administración, seis de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se practican en la red pública, por lo que Amelia Pérez considera que la «supuesta ausencia de recursos se puede suplir perfectamente reforzando la inversión en el Sergas», una vieja reivindicación de CC OO.

La queja registrada pone énfasis en el reconocimiento expreso –en el pliego de la licitación– de la supuesta imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con recursos humanos, materiales y de infraestructura con los que cuenta en la actualidad.

Para CC OO, esta aseveración es «contraria a lo establecido» en la Ley 8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia, que establece «el derecho de las mujeres» a la interrupción del embarazo en todos los supuestos contemplados por la normativa vigente de aplicación.

«AL MARGEN DE LA LEY Y DEL FEMINISMO»

Amelia Pérez ha tildado la media de situarse «al margen» de la Ley 1/2023, del 28 de febrero, de salud mental y reproductiva, que recoge muchas de las reivindicaciones y propuestas por el propio sindicato y el movimiento feministo.

Por ello, la secretaria xeral de CC OO ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «actúe al margen de la ley y del feminismo» con esta licitación «en pleno verano», y «poniendo en riesgo que las mujeres puedan decidir libremente».