El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años –prorrogables a cinco, lo que supondría un incremento del presupuesto–, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.
Según los pliegos publicados el martes en la plataforma de contratación de la Xunta, tal y como avanza ‘Praza.gal’, la licitación se justifica con «el incremento y continuidad» de la prestación asistencial y por la «falta de recursos, tanto materiales como humanos suficientes» en el servicio sanitario.
«La necesidad de promover esta nueva licitación viene justificada por la exigencia de garantizar esta prestación de asistencia sanitaria de modo eficiente y en los plazo establecidos por la normativa vigente, ante la imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con los recursos humanos, materiales e infraestructura con los que cuenta en la actualidad», detalla a renglón seguido el documento.
A esto suma el Sergas, en los propios pliegos, que los facultativos del sistema público «tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia».
EL CONTRATO PODRÍA SUPERAR LOS 2,5 MILLONES
La vigencia del contrato tendrá una duración inicial de tres años por un valor estimado de 1.373.910 euros. Si a esto se le añaden otros 915.940 euros por eventuales prórrogas –por otros dos años, hasta cinco– y posibles modificaciones por 274.782 euros, el total ascendería a 2.564.632 euros.
Asimismo, está repartido en dos lotes con diferencia notable en cuanto a las cantidades. El primero cubre las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Ferrol, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña-Monforte, que en cinco años superaría los 1,16 millones de euros. El segundo, para las áreas de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, Vigo y Pontevedra-O Salnés, tendría un valor de poco más de 210.000 euros.
El contrato cubre la consulta médica para las mujeres derivadas desde el Sergas, las analíticas correspondientes, las pruebas ecográficas, la práctica de la interrupción del embarazo, la recuperación y el seguimiento, con las consultas ginecológicas que se necesiten. Además, los pliegos recogen tarifas en función de si se trata de un aborto farmacológico (350 euros) o con medios instrumentales (570).
Hasta el momento, el Sergas realizaba las derivaciones a clínicas privadas de forma «excepcional» –es decir, de manera puntual– y basada en la «urgencia vital».
En la línea de los pliegos, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press justifican esta licitación para «garantizar esta prestación de asistencia sanitaria de modo eficiente y en los plazos establecidos», sin demoras con respecto a los tiempos que fija la legislación.
Además, Sanidade explica que no es algo «nuevo», sino que se trata de adaptar lo que «ya» se venía haciendo a un nuevo modelo de contrato.
MÁS DE 800 ABORTOS DERIVADOS AL AÑO
El Sergas estima que esta licitación cubrirá 805 abortos al año, de los cuales la gran mayoría (801) serán con el empleo de instrumental y otros cuatro, mediante métodos farmacológicos.
De acuerdo con un informe remitido a comienzos de año por la Xunta al Parlamento gallego, a solicitud del PSdeG, entre los años 2020 y 2022 se practicaron en Galicia un total de 10.515 abortos –una media de 3.500 al año–. De todos ellos, el 64,32% fueron en el Sergas y el 35,68% en clínicas privadas autorizadas.
Eso sí, las cifras varían en función de las áreas sanitarias. Y es que, de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en 2022, en el área de Vigo el 100% fueron en la sanidad pública, un porcentaje que en la de A Coruña cayó al 36,47%.
Según el mismo informe, en el área de Ferrol fueron el 50,59%, en la de Lugo el 59,10%, en Pontevedra el 77,81%, en Ourense el 88,65% y en Santiago el 90,86%.
