«Las víctimas han sido doblemente víctimas. Porque han sufrido pérdidas irreparables, pero en segundo lugar porque han vivido este proceso hiperbólico. Han visto que el proceso se alargaba en busca de ese villano que acompañara al juicio al maquinista».

Así se pronunciaba el abogado del exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, al término de su intervención en la última sesión del juicio por el accidente del tren Alvia, que ocasionó 80 muertes y dejó a 145 personas heridas en las vías, a poca distancia de la estación de Santiago, hace ya una década.

Por su parte, el letrado que ejerce la defensa del maquinista Francisco Garzón ha vuelto a alegar este jueves que su cliente es una «víctima» de la tragedia. No lo ve «responsable de la negligencia de Adif», que a su juicio fue precisamente la «falta de análisis y gestión del riesgo intolerable» en la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois.

El proceso, que ha durado casi 10 meses desde que se iniciara en octubre del año pasado, fue calificado de «hipérbole» también por parte del representante de la aseguradora de Renfe, QBE, en la exposición de su informe final.

La propia jueza Elena Fernández Currás, durante las sesiones de las primeras semanas, en las que comparecieron testigos y peritos, se quejó por las valoraciones y reflexiones emitidas por intervinientes, y pidió a las partes que centraran el caso.

En cualquier caso, todas las partes han coincidido en valorar el buen funcionamiento de este ‘macroproceso’, referente para algunos para futuras causas.

OCHO AÑOS DE INSTRUCCIÓN

Con anterioridad, la instrucción judicial se prolongó desde el momento de los hechos, el 24 de julio de 2013, hasta abril de 2021, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña avaló el tercer cierre de la investigación. En este tiempo llevaron la causa dos jueces (Luis Aláez y Andrés Lago) y dos fiscales (Antonio Roma y Mario Piñeiro) y fueron imputados cargos de Adif, Renfe y la empresa Ineco –de evaluación de riesgos–, junto al maquinista.

Durante esos ocho años, las víctimas, agrupadas en una plataforma, tuvieron una participación activa con protestas y reuniones ante diferentes instancias, actos en los que siempre reclamaron «verdad», «justicia» y «reparación».

Su presión fue clave para que el cierre no siguiese adelante con el maquinista como único procesado y también, entre otras cuestiones, para que la Unión Europea, a través de la Comisión y la Agencia Ferroviaria Europea, se pronunciara en contra de la investigación oficial realizada por el Estado español.

Ese informe, el de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), es la única investigación oficial que existe aún a día de hoy y responsabiliza del siniestro ferroviario solo al maquinista y al exceso de velocidad con que llegó a la curva.

LA «DOBLE VICTIMIZACIÓN»

En este escenario, un grupo de familiares y afectados por el descarrilamiento del Alvia ha vuelto a concentrarse este jueves a las puertas del edificio de la Cidade da Cultura donde se ha desarrollado la vista oral los últimos 10 meses.

A ellos se ha referido el letrado defensor del exdirector de seguridad de Adif cuando ha dicho que «las víctimas han sido doblemente víctimas», pues «han visto que el proceso se alargaba en busca de ese villano que acompañara al juicio al maquinista».

El procedimiento «se convirtió», para este abogado, «en buscar y se sigue buscando qué hechos pueden ser atribuidos al señor Cortabitarte».

Sin embargo, en la fase de responsabilidad civil para reclamar indemnizaciones (por 57,7 millones de euros), los duros testimonios de numerosas víctimas contando su experiencia apuntaron en otra línea, al asegurar que sufrieron «doble victimización», pero por el trato recibido por las instituciones españolas. Critican que se produjeran «mentiras» y «ocultamientos» por parte de políticos y responsables del por entonces Ministerio de Fomento.

En este sentido, en esta última sesión, han increpado de nuevo al ex alto cargo acusado, Andrés Cortabitarte, pero también a los abogados del Estado, a los que han llamado «mentirosos» y «psicópatas» tanto a su entrada como a su salida del juicio. El fiscal, como la jueza, llegó a la sala por otro acceso, al igual que el resto de días.

Dentro, durante las más de cuatro horas que ha durado la sesión, Cortabitarte y Garzón han permanecido sentados a escasa distancia, cada uno acompañado de su abogado, y se han cruzado por los pasillos de la Cidade da Cultura durante varios recesos. Garzón se ha emocionado cuando su letrado recordó que pidió en varias ocasiones perdón a las víctimas y los dos han renunciado a utilizar el derecho a la última palabra cuando la jueza se lo ha ofrecido.

PRIMAVERA DE 2024

Con una causa que acumula más de 70.000 folios y unas 200 piezas separadas de las víctimas, la sentencia se hará esperar varios meses, hasta el horizonte de la primavera de 2024, según fuentes judiciales. Precisamente que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas como atenuante es una de las solicitudes de la defensa del maquinista, que, con todo, reclama su libre absolución, como el abogado del ex alto cargo de Adif.

Todas las partes elevaron a definitivas sus peticiones, con excepción del fiscal Mario Piñeiro, que en el último momento retiró su acusación contra el exdirector de seguridad de Adif, y solo continúa pidiendo cuatro años de cárcel por imprudencia profesional grave (por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones) contra el maquinista.

Esto provocó malestar en acusaciones populares y particulares, que en su mayoría mantienen la demanda de cuatro años tanto para Cortabitarte como para Garzón.

La plataforma de víctimas atribuye el «giro de guión» a una «llamada corporativa» de la Fiscalía General del Estado, por ser un cargo al que nombra el Gobierno y al estar siendo juzgado –subraya la asociación– el propio Estado en este proceso.

El maquinista recibió una llamada telefónica en su móvil corporativo por parte del interventor cuando el tren se aproximaba a la estación de Santiago el 24 de julio de 2013.

Esta conversación y el «despiste» o «pérdida de conciencia situacional», que explica el accidente para Abogacía del Estado (que representa Adif) y también para el Ministerio Público, no puede ser «la única causa» y concurrió con otras para las víctimas, que, como el abogado defensor del maquinista, consideran que el exdirector de seguridad «no cumplió su obligación de gestionar el riesgo» en la curva.