La Asociación Eólica de Galicia advierte de que «la judicialización de los expedientes eólicos puede llegar a afectar a los 75 proyectos que cuentan con la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y autorización administrativa para su construcción».

«El proceso de análisis ambiental es muy garantista, debe superar rigurosas evaluaciones de una quincena de organismos, es decir, los parques necesitan el aval derivado de aplicar la normativa autonómica, estatal y comunitaria con los preceptivos informes», destaca la patronal en un comunicado de prensa.

Advierte así de que, «dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación transcurre entre cuatro y diez años, donde se invierten muchos recursos privados y públicos».

De este modo, la entidad llama la atención de la sociedad gallega sobre los efectos de un «freno» a las energías renovables. «Estaríamos en una coyuntura de consecuencias catastróficas, ya que se extendería a todo el sector industrial gallego, comprometiendo la viabilidad de los proyectos actuales y futuros que dependen de nueva energía renovable», incide.

«EFECTO CONTAGIO»

Este escenario «de incertidumbre e inseguridad jurídica», según avisa la asociación, «ya genera pérdida de confianza entre los inversores». Dificulta, según sostiene, la atracción de capital parafuturos proyectos en Galicia, tanto renovables como eólicos, «dado el efecto de contagio que puede suponer la pérdida de validez de las autorizaciones emitidas por la administración».

Los proyectos de fábrica de neumáticos, el de fibras textiles, el de grafito para baterías de coches eléctricos y la construcción de plataformas flotantes, así como la supervivencia de Alcoa y todas las industrias electrointensivas, entre otras, «están en riesgo», para la patronal.

A su juicio, «toda» la industria «se vería seriamente perjudicada». En esta línea, añade que «no se puede perder el tren de las fuentes limpias, ya que en última instancia se trata del tren de la energía y, por tanto, de la industrialización y desarrollo de Galicia».

Galicia posee, según esta asociación, unos 3.800 MW eólicos instalados y es la cuarta comunidad autónoma por potencia, pero sigue importando casi un 75% de energía primaria procedente de combustibles fósiles contaminantes, y actualmente en un proceso de electrificación.

El sector mantiene más de 5.500 empleos, «pero hoy están en peligro otros 2.500 nuevos empleos de calidad a corto plazo, y miles de puestos en otras actividades industriales derivadas de la construcción de estos nuevos parques, es decir, el futuro económico e industrial de Galicia», según la entidad.

A modo de resumen, concluye que «esto puede llevar a una arcadia industrial, una nueva emigración y la huida de capital inversor a otras comunidades autónomas o países limítrofes, como ya está ocurriendo».