El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha decidido prorrogar seis meses más la instrucción de la causa por la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera, cuyo cuerpo sin vida apareció en una cuneta de O Rosal en 2002.

En un auto fechado a 19 de julio, la magistrada sustituta de dicho juzgado indica que esta prórroga se basa en un informe del Ministerio Fiscal, que la solicitó a fin de conocer el resultado del examen del teléfono móvil de la víctima.

Un terminal que apareció el año pasado en un legajo «desconocido hasta la fecha» en una comisaría de Madrid sin tarjeta SIM. Además, esta ampliación de plazos también se pidió para tener las pruebas de ADN del investigado.

Pese a todo, los abogados de la familia de Déborah han recurrido dicho auto y han vuelto a preguntar a la jueza que, si la Fiscalía entiende que no hay etiología homicida, «¿qué sentido tiene todo esto?».

Precisamente la semana pasada los familiares de la joven fallecida «se dieron por vencidos» y pidieron el sobreseimiento provisional del caso ante el «maltrato» de la justicia, del Estado español y del Estado de derecho, tras más de 20 años luchando para encontrar al culpable del fallecimiento de la mujer.

«Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho», indicó uno de los abogados de la familia, Ignacio Amoedo, ante los medios de comunicación.

Ahora, tras conocerse que la jueza ha prorrogado la instrucción, la familia ha criticado que el auto no mencione ni tan siquiera que la acusación particular desistió de la prueba de ADN al acusado (ya se le realizaron otras dos en 2002 y 2010). Todo ello porque la magistrada no accedió a que la representación procesal de la familia estuviese presente durante la toma de la muestra.