El abogado que representa a Renfe en el juicio por el accidente del tren Alvia, Juan José Delgado Velasco, ha pedido a la jueza Elena Fernández Currás que tenga «la máxima indulgencia» con el maquinista Francisco Garzón, que en un momento dado fue «el único garante» ante «debilidades» que el sistema no detectó, según su análisis de lo ocurrido.
En la antepenúltima jornada de la vista oral, que termina la semana que viene, este letrado ha expuesto el informe final de la operadora ferroviaria, cuyo trabajador Francisco Garzón es uno de los dos procesados, junto al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.
A ambos se les atribuyen 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave, si bien el fiscal, Mario Piñeiro, retiró su acusación en esta última fase del proceso, y solo la mantiene contra el conductor.
De acuerdo con la exposición del representante de Renfe, «todo se hizo conforme a lo establecido legalmente» en este caso, pero «lo cierto es que el día del accidente», del que están a punto de cumplirse 10 años, «se constató que tanto el cumplimiento de la norma como el conocimiento práctico no fueron suficientes para impedir» que la tragedia se produjese.
Tanto el conocimiento como «el esfuerzo realizado en seguridad», según ha recalcado, fueron «insuficientes» para evitar lo que sucedió, y «todo fue soportado exclusivamente por el maquinista del tren, el señor Garzón». «El sistema, crítico, no le ayudó», ha enfatizado.
Garzón recibió una «formación similar» a la del resto de sus compañeros, según ha sostenido. «Todo estaba en orden, pero no fue suficiente», a su modo de ver.
Tampoco fue «suficiente para que aflorase la peligrosidad de la curva» el aviso de un jefe de maquinistas, José Ramón Iglesias Mazaira, que desde su punto de vista no se comunicó «por los cauces adecuados». Hubo ese «único aviso» y «no ha quedado claro cómo se gestionó», ha resuelto.
«DEBÍA ATENDER LA LLAMADA»
El maquinista, que no está presente en la sala a diferencia del otro acusado, Andrés Cortabitarte, «debía atender la llamada» al teléfono corporativo, pues «está para eso», para cuestiones de emergencia, y lo que está prohibido es el uso del móvil particular, según ha mantenido el letrado de Renfe.
Sin embargo, dicha comunicación, por parte del interventor del tren, era «innecesaria» y «se produjo en el peor lugar posible a efectos de seguridad».
«Fue radicalmente perjudicial» pues «contribuyó a la pérdida de ubicación» de Garzón, según ha subrayado este abogado, antes de insistir en la idea clave de su informe: «En un momento y lugar único, recayó sobre el maquinista todo el peso del sistema de seguridad ferroviaria».
Por último, ha argumentado que Renfe solicitó la desconexión del sistema de control de la velocidad ‘ERTMS’ en su modalidad embarcada «siempre desde un punto de vista de seguridad» ya que «se detecta una situación de riesgo», y no fue por ello –ha dicho– una decisión «comercial». Después, «fue autorizada por Adif», según ha recordado.
«PONDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS»
Así las cosas, Renfe se ha adherido ‘ex-ante’ a la petición definitiva que haga la defensa de Garzón y de forma alternativa y subsidiaria ha planteado a la jueza «ponderar las circunstancias que han concurrido» en la tragedia.
Asimismo, «la existencia de un reconocimiento de los hechos y la actitud de pesar» durante todo este tiempo «deben ser consideradas en sentencia», para la operadora ferroviaria. En su opinión, también, «es indudable que cabe la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas».
En el ámbito de las responsabilidades civiles, este abogado ha recordado que la operadora las viene «atendiendo» desde el primer momento.
