El presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, se ha mostrado «contento» de que Vigo haya sido «epicentro de la pesca a nivel internacional» con la cumbre informal de ministros de Pesca de la Unión Europea, el principal puerto pesquero a nivel europeo. No obstante, lamenta la falta de fondos de Bruselas para la construcción de nuevos barcos, así como la inflexibilidad en la inclusión del palangre en el veto al arrastre.
«Hemos tenido la oportunidad de que los 27 ministros de pesca con sus equipos hayan visto ‘in situ’ la lonja, lo que supone el movimiento de pescado y las 5.000 personas que cada día están elaborando ese pescado a las 4 de la mañana para que al día siguiente no falte en las mesas», destaca Touza en declaraciones a Europa Press este miércoles. De hecho, indica que tanto el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, como los ministros se han quedado «muy impresionados» con el funcionamiento de la lonja, pues «han visto sobre el terreno las medidas en materia de eficiencia energética y las buenas prácticas pesqueras».
Una vez finalizada la cumbre, valora que han podido trasladar sus planteamientos que pasan por que el sector es «estratégico» al ser «esencial» para el mercado comunitario, en donde hay una importación de países terceros superior al 70%, al tiempo que garantiza «seguridad alimentaria».
En esta línea, el presidente de ARVI hace hincapié en que el sector pesquero es «parte de la solución y no parte del problema» en la descarbonización, con una huella de carbono solo entre el 0,2% y 0,5% del total. «Sí o sí tenemos que ir a esa protección medioambiental», deja claro, pero exige que haya «informes científicos actualizados para tener una radiografía exacta de la situación».
Asimismo, pide que cualquier decisión tenga unos estudios de «impacto socioeconómico», «mensaje especialmente dirigido al comisario por el cierre de las 87 áreas» de arrastre. «Lo que no puedes hacer es aplicar unos datos desfasado de arrastre a palangre de fondo y volanta, que son artes muy selectivos y tienen un mínimo impacto sobre fondos marinos», se queja. Asegura que esta situación provoca una reducción en las lonjas, con «un impacto sobre la rentabilidad» de las empresas pesqueras y el empleo.
Recuerda que desde 1990 se consiguió una reducción del 50% en consumo de fósiles. «Ahora bien, si queremos hacer pesca del siglo XXI, como dice el ministro tenemos que tener barcos del siglo XXI», remarca. Llama la atención acerca de las limitaciones legales en la UE para los barcos, pues las nuevas energías requieren «mucho más espacio de almacenamiento». «Tenemos que romper ese axioma de que el espacio que destinamos a camarotes se considere capacidad pesquera, esto no puede ser; o esos espacios que vamos a necesitar muchos más grandes de almacenamiento hidrógeno verde o amoniaco no pueden considerarse que inciden en la capacidad pesquera», afirma.
Y avisa de que se necesita «financiación publica» que es necesaria para construir barcos nuevos que se adapten a esas nuevas tecnologías, pues una flota europea con una edad de unos 30 años «es imposible adaptarla a estas nuevas fuentes de energía». Señala que el comisario dice que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) «es pequeño» para financiar esa renovación, pero Touza opina que hay alternativas como «fondos ‘ad hoc» o que pueda ser acudir al Banco Europeo de Inversiones. «¿Si existe un plan renove para los coches, por qué no va a existir para los barcos?, se pregunta.
EXTENSIÓN DEL VETO DE PESCA DE FONDO
Sobre el veto a la pesca de fondo, pone el foco acerca de que se ha trasmitido que a finales de julio habrá un nuevo informe más actualizado, con una previsión de extender más áreas con veto a la pesca de fondo de 87 «a 102-115», por lo que «los impactos son muy grandes».
«Creo que a la hora de diseñar las áreas hubo errores de batimetría claros», se queja. No obstante, se ha mostrado «muy contento» de que el propio ministro de Pesca, Luis Planas, llamase la atención acerca de la «extralimitación por parte de la Comisión Europea a la hora de dictar ese reglamento de ejecución». Resalta que el recurso está encima de la mes por parte del Gobierno. «Decisiones políticas que pueda tomar la Comisión Europea de manera arbitraria es a lo que nos oponemos porque es necesario un diálogo con el sector y utilizando argumentaciones», concluye Javier Touza.
