La CIG considera que el acuerdo pesquero con Marruecos que viene de expirar «fue un fraude absoluto, no solo a nivel de pesca, sino también a nivel jurídico», ya que «la propia justicia de la UE lo declaró ilegal por afectar a aguas del Sáhara Occidental sobre las que Marruecos no tiene competencias territoriales».

Por ello, la central sindical ha instado a negociar un nuevo pacto con el Frente Polisario, para «respetar los intereses y la soberanía del pueblo saharaui» y permitir a la flota gallega «regresar a unas aguas en las que faenó históricamente».

Según ha dicho el responsable de Mar de la CIG, Xabier Aboi, en los últimos cuatro años «ni un solo barco gallego pescó en la zona delimitada por el acuerdo». «De hecho, de los 135 barcos que podían faenar en esa área, 95 correspondían al Estado español, pero sólo trabajaron allí, en el mejor de los casos, 11 embarcaciones de Arrecife, Barbate y Conil, y varias de estas no llegaron a los 20 días en tres años, según los datos del propio ministerio», ha dicho.

Para la CIG, este protocolo pesquero «solo sirvió para pagarle más de 55 millones de euros al Reino de Marruecos y ofrecerle facilidades para desarrollar otros negocios como el agrícola e inversiones de carácter geopolítico, estratégico y militar».

Aboi critica, además, que a los barcos gallegos que históricamente pescaban en estas aguas del Sáhara «le dieron una licencia inservible porque no podían coger ninguna especie» económicamente rentable.

El representante de la CIG considera que «los únicos que hicieron negocio, aparte del rendimiento político y económico obtenido por Marruecos, fueron los grandes barcos pelágicos del norte de Europa», concretamente Holanda o los países del Báltico.