La CIG sospecha de un posible uso irregular, por parte de la Consellería de Educación e Formación Profesional (FP), de fondos de un programa europeo para atender a alumnado con necesidades especiales. Según recoge la central sindical, que elevará a Europa esta cuestión, la Xunta quiere usar este programa para financiar el 60% de los salarios de personal fijo.
Así, y como aporta documentalmente, entre el 11 y el 13 de julio, la consellería realizó comunicaciones telefónicas y por correo electrónico en las que se indicaba a 200 centros educativos que habían sido seleccionados («a dedo y sin petición previa»), para formar parte de un programa financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), que implica la cofinanciación del 60% de los costes de personal de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Concretamente, la subvención afecta al profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
En este sentido, la CIG denuncia que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dio estas instrucciones «sin tener en cuenta la opinión de los centros y como hechos consumados, indicando que tienen que hacer público en un lugar bien visible del centro y de la web un cartel que justifica la participación de la UE en la financiación de un programa que, de hecho, no existió como tal».
Al profesorado afectado se le da de plazo hasta el 31 de julio para completar datos de todo el «alumnado participante», es decir, del alumnado con necesidades especiales del centro.
En el documento, que aporta la CIG, «queda claro que la consellería considera como participante en un programa a alumnado, profesorado y centros que en ningún caso formaron parte de un programa a alumnado y que hicieron el trabajo normal y habitual de atención a la diversidad que se desarrolla a lo largo del curso escolar», lo que arroja «todas las dudas sobre la actuación de la Administración gallega en el uso de estos fondos».
En este sentido, recuerda que el Programa FSE+ Galicia 2021-2017, al que se acoge la Consellería de Educación para justificar el 60 por ciento de los salarios de un número de docentes, que serían alrededor de 400, fue aprobado el 9 de diciembre de 2022 por la EU y la presentación pública por parte de la Xunta fue el 14 de marzo de 2023. Pese a ello, hasta el 2 de junio no se solicitó la autorización a la Xunta para poder contar con los fondos europeos, añade.
Así las cosas, la CIG considera «totalmente improcedente y un escándalo» que se usen fondos europeos para sufragar parte de los salarios del profesorado estructural y que esos fondos «no hubiesen servido para incrementar profesorado» de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de refuerzo en los centros que tenían más necesidades de apoyo.
En este escenario, la CIG ha avanzado que enviará la documentación de la que dispone a los organismos europeos correspondientes «por si se estuviese vulnerando la normativa» y, de ser así, «exigirá las responsabilidades que correspondan».
NUEVA CARGA BUROCRÁTICA
Por otro lado, la CIG ha considerado una «falta de respeto al profesorado que se le cargue ahora con una nueva carga burocrática» para «tapar la vergüenza de no haber actuado en tiempo y forma como correspondería a una administración mínimamente eficiente».
Además, esta cuestión «no afecta solo» al profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de centros de Infantil y Primaria, sino que también se usaron fondos europeos, según la CIG, para «pagar» parte de las retribuciones de profesorado de Formación Profesional a quien «se le dio por firmar a finales de curso un documento por el que se daban por conocedores de que al 28 por ciento de su salario fue cubierto con cargo a un programa del FSE».
De esta manera, la CIG denuncia que la Xunta «incorpora un nuevo mecanismo para reducir el dinero destinado a la enseñanza pública: como no le llegaba con la reducción presupuestaria y de personal de la etapa Feijóo seguida al pie de la letra por Rueda, ahora confirman que reducen aún más los presupuestos destinados a pagar los salarios del profesorado, al ahorrarse una parte importante de sus retribuciones en lugar de usar esos fondos para incrementar el profesorado de todos los centros».
PIDE INFORMACIÓN A LA CONSELLERÍA
Por otro lado, la CIG-Ensino viene de dirigirse a la Consellería de Educación para que dé información pública del dinero que se «ahorró» en los salarios de profesorado fijo en los cuadros de personal y que informe si las medidas adoptadas en el uso de subvenciones públicas del FSE –que siempre se dijo que tenían un carácter finalista para la contratación temporal del nuevo profesorado– cuentan con el respaldo de la intervención económica de la consellería y de la propia Xunta y si la UE es «conocedora» del uso de estos fondos finalistas para cubrir puestos de trabajo estructurales.
