La familia de Déborah Fernández Cervera, la joven viguesa que apareció muerta en una cuneta de O Rosal en 2022, se ha «dado por vencida» y ha pedido el sobreseimiento provisional del caso ante el «maltrato» de la justicia, del Estado español y del Estado de derecho, tras más de 20 años luchando para encontrar al culpable del fallecimiento de mujer.
«Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho», ha indicado uno de los abogados de la familia, Ignacio Amoedo, ante los medios de comunicación.
Él ha explicado que el pasado lunes se les dio trasladado de una providencia del 4 de julio con el objetivo de que manifestasen su opinión sobre la prórroga del caso, que finaliza en unos días.
En este sentido, ha subrayado que desde que se denegó el pase a procedimiento de jurado por parte de la jueza en noviembre de 2022, «carecía de sentido continuar con la presente instrucción» y ya en abril de este año los abogados de la familia preguntaron al juzgado si era necesario continuar con la causa y «hacer sufrir a la familia» si por aquel entonces ya se pensaba (por parte de los jueces) que la joven «no había muerto de forma violenta».
«¿Para qué mantener como investigado a persona alguna? ¿Para qué seguir haciendo sufrir a la familia? ¿Para qué hacer gastar dinero a las partes con periciales de diferente tipo? ¿Para qué seguir practicando pruebas? ¿Qué valor tenía el atestado de 2019 de la Policía Nacional, que señalaba a una persona como autora de la desaparición y muerte de Déborah? Si consideraban que el mismo era una invención, ¿por qué no se indicó a los agentes que hicieran bien su trabajo?», ha lamentado el abogado, recordando que por aquel entonces se solicitó la declaración del doctor Curiel «y en la misma sus argumentos fueron atacados a fin de mantener viva la teoría de la muerte súbita».
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