La abogada que representa a la ex diputada del PP Teresa Gómez-Limón, una de las afectadas por el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), plantea una pena de cárcel más reducida para el maquinista (dos años) que para el ex alto cargo de Adif (cuatro años).

Esta petición difiere de la trasladada hasta ahora por las acusaciones particulares y también de la de las acusaciones populares (las asociaciones Apafas y Plataforma de Víctimas Alvia 04155), que solicitan cuatro años de prisión para cada uno de los procesados.

También confronta con la postura del fiscal, Mario Piñeiro, quien en el último momento modificó sus conclusiones de modo que ahora solo atribuye imprudencia profesional grave (y reclama cuatro años de cárcel) al conductor del tren, Francisco Garzón, al considerar que el ex director de seguridad de la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria, Andrés Cortabitarte, «cumplió los protocolos» de seguridad.

Frente a esto, el riesgo en la curva de A Grandeira, donde murieron 80 personas y 145 resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren Alvia hace ya casi 10 años, era «previsible» y «no tolerable» para varios peritos que declararon en la vista oral y también para letrados de las acusaciones particulares que exponen estos días sus informes finales.

«CLARA RELACIÓN DE CAUSALIDAD»

En una nueva sesión del juicio, este martes, uno de ellos ha recordado que era una «obligación que compete a Adif» la de analizar los riesgos de la línea, y ha apuntado a la «reprochable conducta» del ex director de seguridad de Adif, así como a la «clara relación de causalidad» con el siniestro, frente a lo declarado hace escasos días por el representante del Ministerio Público.

A Cortabitarte, ha dicho, «le competía haber evaluado el riesgo» y su «negligente» forma de actuar tiene «clara relación de causalidad» con los hechos, ha insistido.

En este sentido, ha incidido en que «para cualquier director de seguridad con los conocimientos medios que se le exigen sería previsible la causación de tan terribles resultados» en una línea que carecía de ‘ERTMS’ –el sistema de frenado automático– y de medidas como una baliza en la vía justo antes de la curva –se instaló justo después del descarrilamiento–.

«NO ES SOLO A POSTERIORI, SE DECIDIÓ NO HACER»

Al respecto de esta medida, varios letrados han recordado esta jornada que Cortabitarte fue perito en otro juicio por un siniestro similar, el del metro de Valencia. Por su parte, la letrada de Gómez-Limón ha destacado que esa opción –la de la baliza- «había sido valorada» antes del accidente y fue «desestimada» por Adif.

Ha traído a colación así la comparecencia del ex director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, quien dejó «claro» que él «personalmente» pidió que se instalasen balizas en los puntos con cambios bruscos de velocidad tras el accidente de Medina del Campo, en 2007, pero «Adif votó en contra».

En este sentido, esta abogada ha criticado que «el Ministerio Público argumenta que esto lo desestimó la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios)», pero «quien tenía delegadas estas facultades, quien tenía competencias, era Cortabitarte».

De hecho, ha añadido, «cuando se ponen» después de la tragedia del Alvia esas balizas en puntos de la red en los que, como en Angrois, había que afrontar una reducción de velocidad pronunciada –en ese caso de 200 a 80 kilómetros por hora– «es por decisión de Adif».

«No es cierto que solo se nos ocurra a posteriori (…) Se decidió no hacer», ha apostillado.

De este modo ha argumentado que «si esas medidas de seguridad hubieran estado establecidas la imprudencia grave de Garzón no habría tenido las consecuencias» que tuvo, por los 80 fallecidos y 145 heridos.

ATENUANTES PARA EL MAQUINISTA

En cuanto al maquinista y su conducta, la representante de Teresa Gómez-Limón, como el resto de acusaciones, observa «una imprudencia grave» porque «no cortó a tiempo la llamada –del interventor del tren– una vez conoció que no era urgente».

«Tenía conocimiento de la peligrosidad de la curva y su conducta es constitutiva de una imprudencia grave profesional», ha dicho. «Ahora bien, esta parte solicitó una pena de prisión de dos años inferior a la solicitada por la mayoría», porque a su juicio «debe aplicarse la atenuante» por «colaboración para esclarecimiento de los hechos» y «petición expresa de perdón con el ánimo de contribuir a la reparación del daño», entre otras cuestiones que utiliza la defensa de Garzón Amo.

El maquinista «sufrió también las consecuencias del accidente» y esta parte propone tener en cuenta para la aplicación de la pena «las consecuencias traumáticas que ha conllevado para él» lo sucedido, «por el sentimiento de culpa por una conducta imprudente grave».

Sin embargo, Cortabitate «podría haber evitado la causación del accidente» de haber cumplido con la normativa, para esta abogada que ejerce una acusación particular.

En contra de esto, otro abogado que ejerce acusación particular ha rechazado que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas y ha alegado que en su opinión el maquinista «se comportó como un autómata y no como un humano» pues «su responsabilidad era atender a la conducción de la marcha».

«Entiendo que no se ha producido parón. La duración a lo largo de estos años ha sido la propia de un proceso de esta complejidad», ha afirmado.

Además, ha considerado que el «reconocimiento de culpabilidad no se ha producido» por las declaraciones del conductor en las jornadas posteriores al accidente.