El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Lugo ha desestimado, por segunda vez, la suspensión cautelar de derrumbe del edificio de O Garañón que solicitó el Banco Santander, principal acreedor de la propiedad, a raíz de la inadmisión de las medidas cautelarísimas que anteriormente reclamó la misma entidad.
La demolición del inmueble comenzó este mes de julio después de más de una década paralizado. En ese tiempo, dio origen a una polémica judicial y política que llevó a dimitir al que fuera alcalde de la localidad, José López Orozco, y al secretario xeral del PSdeG entre 2013 y 2016, José Ramón Gómez Besteiro, tras ser imputados por la jueza Pilar de Lara por supuesta prevaricación relacionada con la licencia de este edificio.
En 2021, la Audiencia Provincial de Lugo archivó este caso y exoneró de responsabilidad a ambos dirigentes socialistas en un auto en el que se indicaba que «no existían indicios de la comisión de delitos».
El Ayuntamiento de Lugo, ha comunicado, este viernes, la resolución judicial y ha explicado que la entidad bancaria es el «principal acreedor de la propiedad» del edificio.
«NO COMPRENDE LA ESTRATEGIA»
De esta forma, según ha indicado el consistorio, el magistrado ha señalado en el pronunciamiento que «no se comprende la estrategia ni la táctica del recurrente en su empeño en suspender el derrumbe de la estructura».
En esta línea, ha puntualizado que «no queda más que mantener el mismo criterio», sin que el inicio de demolición del inmueble «sea causa suficiente para cambiarlo».
Ante esto, ha recogido que en la compensación del interés general urbanístico frente al interés económico del banco, «prevalece el primero y máximo cuando la eventual estimación del recurso puede traducirse en una compensación económica».
Además, ha impuesto a la empresa 300 euros en concepto de costes procesales. El consistorio ha recordado que, hasta el momento, todas las medidas cautelares solicitas en este ámbito, tanto por parte de la propiedad como por el acreedor, «fueron rechazadas por el Juzgado».
«EXPEDIENTE COMPLEJO»
Con todo, cuando se iniciaron las obras, este mes de junio, la alcaldesa de Lugo, Lara Médez, se mostró contenta y satisfecha por ver «el fin de esas torres donde había una demanda social».
Así, Méndez señalaba que «todos querían ese mismo final», que la zona se recuperase para la ciudadanía y que fuese en enclave medioambiental.
Finalmente, la alcaldesa recordó que en el año 2017 tomó la decisión de no continuar con el procedimiento judicial, un expediente que ha tildado de «complejo, arduo y complicado».
