El viceportavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha negado el carácter privado de la clínica en la que están las máquinas contra el cáncer donadas en 2015 por la Fundación Amancio Ortega al Servizo Galego de Saúde (Sergas), porque el convenio se firmó con un «consorcio público» en el que la Xunta tiene el 57 por ciento, el Ayuntamiento de A Coruña el 14,3 y la Fundación Centro Oncológico Regional José Antonio Quiroga y Piñeyro tiene el 28,7 por ciento restante.

Así lo ha defendido el dirigente popular durante el debate de una proposición no de ley (PNL) de los socialistas, que se votará este miércoles en el Parlamento gallego, para instar a la Xunta a «determinar normativamente» los criterios de destino de las donaciones que se hagan al Sergas y que todas ellas estén situadas y «tengan repercusión directa» en el sistema público.

El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado del PSdeG Julio Torrado, quien ha calificado de «pagafantas» al Sergas porque paga «a una clínica privada» por emplear esta tecnología oncológica. Según ha sostenido, esta PNL «pide algo lógico» pero, «como todo lo que es lógico, el gobierno del PP no lo hace».

Torrado ha explicado que la fundación que sostiene esta clínica, situada en A Coruña, recibió 45 millones de euros entre 2017 y 2021 por atender a pacientes derivados del Sergas –también se benefician de ellas personas con mutua privada, a cambio de un canon– para ser tratados con una maquinaria que fue donada al propio servicio público.

En parecidos términos se ha pronunciado la portavoz sanitaria del BNG, Montse Prado, quien ha aprovechado para afear a la Xunta su estrategia a través de lo que llama «colaboración público-privada». Para la nacionalista, es una figura «para justificar que los recursos públicos se drenen, a cuanta más velocidad y cantidad posible, a la sanidad privada».

La diputada del Bloque también se ha referido a las recomendaciones y dudas manifestadas por el Consello de Contas sobre la colaboración público-privada en el Sergas, tras lo que ha acusado al PP de convertir la sanidad «en un negocio».

«UN EJERCICIO DE MANIPULACIÓN»

Frente a estos reproches, el viceportavoz del PP ha acusado a la oposición de acometer un «ejercicio de manipulación en público» al hacer creer a los gallegos «que la Xunta cedió a una clínica privada» estos recursos, toda vez que esta clínica la sostiene «un consorcio público» del que la Administración autonómica tiene el 57% y que fue fundado bajo el bipartito de PSdeG y BNG. Además, la fundación privada que posee otro 28,7% «carece de ánimo de lucro».

El Centro Oncolóxico de Galicia es, ha dicho Pazos, un «hospital fundado gracias al mecenazgo» del empresario coruñés José Antonio Quiroga y Piñeiro, por lo que ha tachado las palabras de la oposición de «absoluta falta de respeto a su memoria».

Asimismo, ha recalcado que «el único beneficio que resultó de este convenio» fue el tratamiento recibido por más de 30.000 pacientes que accedieron a esta tecnología oncológica cuya donación por parte de Amancio Ortega «fue en su momento durísimamente criticada por la izquierda más rancia».

Por tanto, este debate en el pleno es «un capítulo más de la izquierda para acusar al Partido Popular de privatizar», cuando «la realidad es que la sanidad pública nunca tuvo más presupuestos, más profesionales y más recursos que en este momento».

TORRADO SE REMITE A DECLARACIONES DE RUEDA

Sin embargo, Torrado (PSdeG) se ha remitido a unas declaraciones del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para contradecir el argumento del viceportavoz del PP. En su momento, tras trascender esta polémica a través de una publicación de ‘elDiario.es’, Rueda justificó la ubicación de los aparatos «mientras no puedan ir a su lugar definitivo», que «será en un hospital público», concretamente al Chuac de A Coruña.

De hecho, el presidente reconoció que, cuando no se trataba con esta maquinaria a pacientes derivados del Sergas, había «una compensación». «Sería imperdonable para la gente que lo necesita y que es una cuestión de vida o muerte» que no se utilizasen, dijo.

Por lo tanto, el diputado socialista ha puntualizado en el pleno que «el problema no está en que exista una fundación de carácter privado» en el consorcio, sino la instalación de esta tecnología donada «en centros privados».