La Comisión de Ordenación Territorial ha dado luz verde al dictamen de la ley de litoral –el texto articulado ha contado con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición–, una norma que queda lista para su aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene del Parlamento gallego.

El PPdeG ha incorporado más de un treintena de enmiendas del BNG –entre las íntegras y transaccionadas– de las 85 presentadas al texto, al que el PSdeG no ha presentado ninguna incorporación. Durante el debate de este lunes, la oposición ha denunciado que los populares hayan optado por una tramitación «exprés» de esta norma para aprobarla «por la puerta de atrás» con el fin de buscar la «confrontación» con el Gobierno central.

En este sentido, la diputada del Bloque Alexandra Fernández censura que «lo que oculta esta maniobra» del PP de aprobar con «prisas» esta ley es la de «confrontar» con el Gobierno en plena campaña a las generales. Por ello, reprueba el «uso partidista» del Parlamento por parte del PPdeG y denuncia que la tramitación «coartó» la participación de la sociedad civil. Alerta de que no se dio trámite de audiencia ni se requirió «el perceptivo informe» al Consello Económico e Social (CES), algo «muy grave» por lo que el presidente del CES, Agustín Hernández, presentó «informe de queja» a la Xunta.

En esta línea, Patricia Otero (PSdeG) ha justificado el cambio de postura del PSdeG, que en un inicio había mostrado su apoyo a la ley, por «las prisas» del PP para sacar adelante el texto y «hurtar el debate». Apunta que la Administración autonómica hablaba de «seguridad jurídica» a través de un debate «sosegado», pero, «al final, las intenciones que escondía» era «acomodar los trámites parlamentarios de esta ley a los intereses de la Xunta», por lo que no serán «cómplices ni colaboradores necesarios». «La única intención fue acortar los tiempos para adaptarlos a sus intereses electorales», agrega.

Al respecto, el diputado popular Alberto Pazos Couñago ha reconocido que «es cierto que la ponencia fue corta en el tiempo», pero asegura que tendió la mano a la oposición «hace más de dos semanas antes de ser convocada». Asimismo, ha negado que se hayan acortado tiempos de debate y defiende que la ley fue «enriquecida» por expertos internacionales, universidades, gente del mar y la cadena mar-industria.

En el debate final en comisión, Pazos Couñago ha destacado que los populares han aceptado el 38’8% de las aportaciones del Bloque, al tiempo que ha afeado la postura del PSdeG de no realizar enmiendas, en lo que ve como un «ataque de cuernos de última hora difícil de entender». Aquí lamenta el cambio de postura de los socialistas, que pasaron de apoyar la ley a través de Valentín González Formoso a una «negativa radical» que achaca a José Ramón Gómez Besteiro. «Parece que Besteiro está en mejor forma», ha dicho sobre el «pulso interno» de los socialistas.

De hecho, en una rueda de prensa paralela a esta comisión, el portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, ha reprochado que el PSdeG «se desatendiese» del debate, pues «es lo más irresponsable que puede hacer un grupo de la oposición». «Decidieron no presentar ninguna enmienda y asistir como invitados de piedra», apostilla.

INCORPORACIONES AL TEXTO

Durante el debate, Pazos Couñago ha defendido que esta ley busca el «equilibrio» entre «armonizar» la protección de recursos naturales con el «desarrollo económico y social sostenible». Afirma que se busca «un blindaje frente a agresiones» de aquellos que no entienden la «particular relación» de los gallegos con el litoral, con una «posicionamiento legal de Galicia ante cualquier gobierno que salga de las urnas el 23 de julio».

Apunta que se desarrolla una competencia recogida en el Estatuto de Galicia, pues recuerda que el Consello Consultivo, con base en sentencias del Tribunal Constitucional, avaló que no es necesaria una reforma del texto estatutario para la gestión del dominio público marítimo-terrestre. No obstante, reconoce que será necesario demandar al Estado el traspaso de medios y así se hará en el futuro, y recuerda que otras comunidades como Canarias solo necesitaron un real decreto.

Esta ley de litoral que aprobará el Parlamento la próxima semana provocó las dudas de constitucionalidad del Gobierno, pues el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegó a afirmar a principios de este año que constituía «casi una declaración de independencia».

La norma regulará la zona terrestre e intermareal, también la marina hasta las 12 millas. Y dado que en el litoral confluyen espacios diferentes –desde playas a zonas naturales protegidas o suelos urbanizados que requieren de un régimen jurídico específico con reglas o limitaciones que se puedan cumplir en la práctica–, la ley fija tres áreas diferentes en la costa según su estado de conservación, fijando para cada una de ellas una serie de objetivos y usos diferentes.

Entre otras cuestiones, en la ley se definen como usos estratégicos los establecimientos de la cadena mar-industria, la creación o ampliación de sendas litorales, así como la creación de una red de establecimientos de turismo litoral para mantener, recuperar o mejorar inmuebles preexistentes de especial valor histórico o arquitectónico.

Ahora, en el dictamen el PP y el BNG han llegado a acuerdo sobre varias enmiendas del Bloque que incluyen novedades, tales como la creación de un Foro do Litoral de Galicia –adscrito a la Consellería de Medio Ambiente– como máximo órgano colegiado de participación y asesoramiento en materia de ordenación, que estará integrado por administraciones, universidades, organismos científicos, sectores productivos, organizaciones ambientales y de protección del patrimonio cultural.

Las aportaciones del Bloque hacen que se incorporen también cuestiones como: el incremento de multas; un registro de concesiones; la delimitación de los corredores ecológicos; que se definan los espacios litorales que deben quedar libres de ocupación y del proceso urbanizador; la idea de preservar el carácter prioritario de la actividad pesquera y marisquera; que los planes de ordenación costera tengan que incluir mecanismos de gestión ambiental; que los planes especiales de playa tengan que ordenar los servicios de temporada de los arenales; que se declaren como área de protección ambiental también aquellas zonas con cualidades patrimoniales; así como el fomento de oficios tradicionales.

Sin embargo, Alexandra Fernández reprueba que la ley «nace con vocación de ser papel mojado» y lamenta que los populares solo han aceptado las enmiendas que «más fácilmente luego pueden vulnerar y no concretar». En cambio, echa en falta la creación de una agencia de conservación del litoral, instrumentos «efectivos» para hacer una protección seria y que los informes de impacto para la eólica marina sean vinculantes.