Las acusaciones populares en el juicio por el accidente del tren Alvia, que provocó 80 muertes y dejó a 145 personas heridas en el barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de 2013, han señalado al ex alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, en su exposición de los informes durante la fase final del proceso.

Ambas acusaciones populares, la asociación de perjudicados Apafas y la plataforma de víctimas, acusan tanto al maquinista Francisco Garzón como al ex director de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave, y piden cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.

Por parte de Apafas, su abogado, Javier González, ha criticado por «incomprensible» la decisión del fiscal de retirar la acusación contra Cortabitarte. «Somos conscientes de la relevancia y las consecuencias que lleva una declaración de una responsabilidad en este accidente para Adif, pero tan solo entendemos esa decisión difícil dentro del ámbito de jerarquización que ampara a la carrera fiscal», ha señalado.

Por su parte, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, que ha sido duro en sus consideraciones sobre la conducta del maquinista, ha cargado más ampliamente contra el ex responsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, presente este miércoles también en la sala.

«ESTABA EN SOBREAVISO»

A su juicio, actuó «como un burócrata» al recibir un dossier de seguridad que elaboró la unión temporal de empresas (UTE) y que «le avisaba» del riesgo de exceso de velocidad en ese punto en caso de fallo humano, al circular con ‘Asfa’ en lugar de con el sistema de seguridad ‘ERTMS’, que fue retirado de la línea por un cambio del proyecto.

Cortabitarte, que «estaba en sobreaviso» según ha recalcado este abogado, «no hizo absolutamente nada» cuando recibió ese dossier y luego firmó el certificado de seguridad para la puesta en servicio de la línea.

Certificó la puesta en servicio «sin analizar y controlar los riesgos a pesar de que era exigible normativamente», ha remarcado, y además tenía «ya la fecha» para emitirlo.

Ferrezuelo ha hecho hincapié en la obligatoriedad normativa para replicar al cambio de postura del representante del Ministerio Público. Este, previamente, justificó su modificación ya que entiende que el ex alto cargo «no defraudó la norma».

Al respecto, Ferrezuelo ha citado la directiva de 2004 de seguridad ferroviaria y el decreto de 2007 que la traspuso, a modo de contraposición con la argumentación del fiscal, que aludió a un reglamento comunitario posterior, de 2009, y al «galimatías jurídico», para excusar a Adif y a su ex director de seguridad Andrés Cortabitarte.

También ha hecho hincapié en el riesgo «previsible y evidente» de la curva de A Grandeira, donde descarriló el Alvia, algo que ha argumentado, entre otras cuestiones, con el jefe de maquinistas que «predijo lo que ocurrió» con un informe en el que solicitaba medidas para anticipar la llegada a ese punto en la línea entre Ourense y Santiago.

Sobre la desconexión del sistema de seguridad ‘ERTMS’ en su modalidad embarcada, que autorizó Cortabitarte, este abogado ha dicho que para él es una «nueva acción delictiva», si bien sabe que «jurídicamente no cabe», pero entiende que la jeuza debe tenerlo en cuenta para medir «la extensión de la pena». «Es que a este señor, la vida le dio una segunda oportunidad. Yo creo que el universo le mandaba señales (…) Podía haber evitado su error inicial», ha destacado.

«GARZÓN NOS DIO LA SOLUCIÓN»

Transcurridos ya casi 10 años del accidente, el representante legal de la plataforma ha comenzado su intervención subrayando que el maquinista, Francisco Garzón, «ya dio la solución del problema» en su comunicación con el puesto de mando de Atocha instantes después del descarrilamiento.

Con frases como «se lo dije a uno de seguridad hace tiempo» y «yo creo que esto es un fallo de seguridad», ha subrayado, estaba, a su modo de ver, en parte asumiendo su responsabilidad y en parte apuntando a la de Cortabitarte.

En su discurso, ha sido duro al describir la actuación del maquinista al censurar que «ocultó» que en los momentos previos al accidente mantenía una conversación telefónica con el interventor: «Es una prueba directa de la responsabilidad del señor Garzón. Sabía que había un punto crítico y decidió alargar esa llamada. Lo oculta intencionadamente», ha resaltado, para a continuación añadir que «esa imprudencia» no la puede «catalogar de otra manera».

Asimismo, ha comentado que «se ha querido ir metiendo la impresión de que Garzón también es una víctima» y por su parte no lo acepta, al entender que no se le pude «poner al mismo nivel» porque los viajeros «no pudieron elegir».

En este punto, ha trasladado su «sensación» acerca de que Garzón «no se toma con la diligencia debida la seguridad», porque si fuera así, en su opinión, «la conversación (…) la corta en 10 segundos» y duró 100. Además, le ha reprochado la publicación en redes sociales en la que bromeaba sobre la circulación a alta velocidad.

Pero esta misma «impresión» sobre que «no se toma con toda la dedicación que debía su cometido» la tiene Manuel Alonso Ferrezuelo sobre Cortabitarte, por cuestiones como la autorización de la desconexión «un sábado y sin consultarlo con nadie».

En otro momento, el abogado de la plataforma ha instado a que haya una sentencia «ejemplarizante» de modo que, en un futuro, «en una gran empresa, cuando hay tantos departamentos, si hay una persona que tiene una responsabilidad y no ha cumplido con ella», se sepa que «la justicia, lenta pero segura, puede llegar hasta esa persona y puede llegar a ser condenada».

Ha recordado que el ex alto cargo de Adif fue perito en el juicio por el accidente de metro de Valencia y ha ironizado con que «consejos doy que para mí no tengo», puesto que allí se recomendó una baliza que habría evitado el siniestro también en Angrois.

El letrado de la plataforma ha quitado hierro a la decisión del fiscal de retirar su acusación contra el ex alto cargo porque «perro no come perro» y para él «no es determinante». Así, ha apuntado a la afirmación de Mario Piñeiro acerca de que «no hay desidia por la administración» en seguridad ferroviaria para recordarle que «nadie ha hablado de administración» y concluir que «todos» saben «a quién representa el Ministerio Fiscal» y la «presión que pueda tener».

Por último, ha apelado a la jueza directamente para que haya una sentencia condenatoria para ambos acusados. Dicho fallo, ha remarcado, sería «importante» para aliviar a las víctimas «ese sufrimiento y rabia que tienen dentro por saber que esto era evitable». Es «importante», ha remarcado, «que la justicia les apoye cuando han estado huérfanos de las instituciones públicas».

RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES

Mientras, el abogado de Apafas, cuyo presidente, Cristóbal González, ha asistido este miércoles al juicio en la sala de vistas, ha desgranado su posicionamiento en cuanto a las indemnizaciones que reclaman las víctimas, al que se ha adherido el representante de la plataforma.

Javier González ha achacado a la aseguradora de Adif, Allianz, incumplimientos, pero también a QBE, la de Renfe, por haber hecho «pagos parciales e insuficientes».