El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha aceptado la solicitud de la familia Franco de suspensión de la diligencia de la retirada de bienes del Pazo de Meirás prevista para la próxima semana, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Fuentes cercanas a la familia consultadas por Europa Press, han explicado que esta petición tiene como objetivo un «aplazamiento» hasta que se resuelvan los procedimientos pendientes en los que el Estado les reclama la propiedad de otros bienes-muebles y documentos de Meirás.
El citado juzgado había establecido que el próximo lunes día 26 y jornadas posteriores los Franco podrían retirar los bienes autorizados por el mismo y aquellos en los que la propiedad no ha sido reclamada. Lo hizo en virtud del auto dictado en su momento como resultado del procedimiento judicial tras la demanda que el Estado promovió para reclamar el inmueble.
Fue una demanda a la que se adhirieron también la Xunta, los ayuntamientos de A Coruña y Sada — donde se ubica el pazo– y la Diputación coruñesa.
Tras obtener el Estado el reconocimiento del Pazo de Meirás como un bien de titularidad pública — una decisión provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por los Franco–, la cuestión, en el ámbito judicial, se centró en la propiedad de los bienes.
Y es que la Audiencia Provincial de A Coruña, dentro de la fase de ejecución de la resolución judicial de 2020 que declaró que el inmueble es propiedad del Estado, confirmó que la gran mayoría de los bienes solicitados por la familia Franco que se ubican en el exterior e interior de Meirás forman parte o pertenecen al inmueble y, por tanto, no pueden ser retirados.
Con posterioridad, el Estado presentó en los juzgados de Madrid una demanda contra la familia del dictador en la que reclama la propiedad de 564 bienes-muebles de Meirás ante la pretensión inicial de los Franco de retirarlos. Se trata de bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del pazo como residencia oficial del jefe del Estado.
«Y que, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y también artístico, vinculado, por una parte, a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, y por otra, a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista», defiende el Estado. En base a esta petición, y a la espera de que avance el proceso judicial en Madrid, el juzgado acordó que estos bienes permanezcan en depósito en el pazo hasta que se resuelva el pleito.
PIEZAS AUTORIZADAS
Mientras, en base a la resolución dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, los Franco podrían proceder la próxima semana a la retirada de las únicas piezas del inventario elaborado por los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta que se autorizó llevar a la familia. Retirada que ha sido suspendida este lunes a petición de los Franco.
Se trata de unos angelotes de bronce de la capilla, una virgen, una lámpara situada sobre la pilastra de la escalera y unos apliques de pared metálicos, que se suman a unas alfombras pasilleras, cuya retirada se autorizó con anterioridad.
Asimismo, el juzgado habría habilitado también la retirada de otros bienes que no fueron reclamados, según han ratificado fuentes consultadas por Europa Press.
