La Audiencia Provincial de Lugo debía haber iniciado este lunes la primera de las ocho jornadas del juicio contra el responsable y administradores de la empresa Alcor Seguridad por vulnerar los derechos de sus trabajadores, obligándoles a encadenar «jornadas maratonianas» y a firmar folios en blanco en lugar de contratos de trabajo.

A raíz de la huelga de funcionarios de Administración de Justicia, no fue posible citar a 25 del centenar de testigos programados, por lo que este lunes decidió suspenderse. En la causa están acusados un directivo de esta empresa, con domicilio fiscal en Monforte, y otros cuatro administradores, y figuran como perjudicados 35 empleados.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, desde 2011 y hasta 2015, el empresario empleó en esta compañía –que además de en Galicia, prestaba sus servicios en Canarias y en Asturias– a «múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales» ilegales, «vulnerando los derechos mínimos» de los trabajadores.

Entre otras cuestiones, el Ministerio Público le acusa de imponer a sus empleados «largas jornadas laborales sin respeto a los descansos establecidos», lo que califica de «jornadas maratonianas». Alguno de los trabajadores, apunta el fiscal, llegó a encadenar turnos de 24 horas durante 15 días.

Además, les abonaban las horas extras «a un precio significativamente inferior al estipulado» y a partir de las 200 horas extras mensuales, sin pluses ni por nocturnidad ni por día festivo.

Fiscalía recoge también que los trabajadores eran obligados a «firmar documentos en blanco» en lugar de un contrato de trabajo, con lo que desconocían sus condiciones y no realizaban los cursos de reciclaje y formación obligatorios por ley. Sobre este último punto, uno de los acusados llegó a entregar en dependencias policiales justificantes de asistencia a cursos falsificados, después de una inspección.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, del que considera autor al directivo y cooperadores necesarios al resto de administradores. Pide para ellos penas que van desde los tres años y tres meses a los dos años y medio de cárcel y el pago de multas, así como que abonen a los trabajadores perjudicados una indemnización de 6.000 euros.