El Parlamento gallego ha aprobado una proposición no de ley, presentada por el PP, en la que solicita al Gobierno de España que desarrolle las negociaciones oportunas para alcanzar un pacto nacional por la vivienda.

Este asunto no ha contado con el apoyo del BNG, que la ha situado en una directriz de «Génova», en referencia al PP nacional, y en el contexto de las próximas elecciones generales, ni del PSdeG quien ha aludido a las «competencias» de la Xunta en esta materia.

Y es que ambas formaciones se han mostrado muy críticas con la política del Ejecutivo gallego en esta materia por considerar, entre otras cuestiones, que hubo una «paralización» de la vivienda protegida y pública.

Frente a los discursos a este respecto de la diputada del BNG Alexandra Fernández y del PSdeG Eduardo Ojea, la parlamentaria del PP Begoña Freire ha reclamado «coordinación» y ha tildado de «intervencionista» la ley de vivienda estatal.

«Es una auténtica expropiación encubierta, se crea un nuevo derecho, el derecho a ‘okupar», ha sentenciado en una intervención en el que ha considerado que existe un «feroz ataque» a la propiedad privada.

Ha sido en una sesión plenaria en la que, por una iniciativa de los socialistas, se ha acordado requerir a la Xunta a remitir de forma periódica al Parlamento gallego informes de seguimiento presentados al Consello sobre los fondos europeos de recuperación.

Por unanimidad, se aprobó una proposición no de ley del PP en la que demanda un proceso asistencial integrado para abordar la osteoporosis.

Por los votos en contra del PP, no salieron adelante, entre otras, una proposición no de ley, con enmienda del BNG, reclamando un cambio de modelo para abordar la siniestralidad laboral en Galicia y pedir al Estado la transferencia de la inspección.