La CIG denuncia una pérdida de poder adquisitivo del 18,6% de los empleados públicos desde el año 2010 debido a los sucesivos recortes impuestos por las administraciones, de forma que demanda una subida salarial del 5% tanto en 2023 como en 2024 para «recuperar una parte de lo perdido», así como la inclusión de una cláusula de garantía salarial que esté ligada al IPC si los precios suben por encima de esa cifra.

En rueda de prensa en Santiago, el secretario de CIG-Administración, Luis Carballo, y la secretaria de Organización de la CIG, Ana Santomé, han presentado las principales reivindicaciones del sindicato en materia de empleo público, para lo cual también se demanda la eliminación de las tasas de reposición, la derogación de toda la legislación que acarreó recortes y que se cumpla con una jornada laboral de 35 horas.

Al respecto, Carballo ha explicado que se emplea el contexto de elecciones para hacer un llamamiento a «revertir» las políticas de las administraciones públicas en los últimos años, que han llevado a falta de personal y exiguas convocatorias de ofertas de contratación, así como un empeoramiento de los servicios, entre lo que cita ejemplos como la Seguridad Social o el servicio de empleo.

Así, la CIG requiere la derogación del decreto que entró en vigor en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y que supuso un recorte del 5% de las retribuciones de los funcionarios, así como de los decretos de los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) –en 2011 y 2012– que dio lugar a una pérdida de la paga extra y el complemento específico, que «aún no fue recuperado».

Igualmente, exige que se eliminen las tasas de reposición que impiden que se cubra más de un puesto por jubilación, a pesar de que se necesiten dos o tres plazas a mayores en varios servicios. Apunta que la ley de presupuestos estatal sitúa en el 120% la reposición para colectivos prioritarios y en el 110% para el resto, lo que no permite «dimensionar plantillas» lo necesario para procesos como la digitalización.

Asimismo, Carballo ha cargado contra los tres acuerdos para la mejora del empleo público firmados por sindicatos como UGT, CC.OO. y CSIF desde 2017, de los que se desmarcó la CIG, por sus escasas subidas laborales y la tasa de reposición existente, expone.

A modo de ejemplo, se refiere a la situación de municipios con necesidades de personal y superávit que no pueden contratar a más efectivos ante la limitación existente por la tasa de reposición. También ha hablado de problemáticas que se viven, como que la Seguridad Social tenga que tirar de contrataciones temporales e interinos ante la necesidad de personal por las vacantes existentes, lo que «choca» con las políticas impuestas desde Europa para eliminar la temporalidad.