El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, valora que el respaldo de la Eurocámara a mejorar la protección de los productos agrícolas de calidad «abre la oportunidad de dar valor añadido a esas producciones y poder incrementar las rentas de sus productores».

El Pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves nuevas reglas para las indicaciones geográficas protegidas (IGP) de la Unión Europea con el fin de dotar de mayor protección tanto a los productos como a los productores y ha pedido también eliminar trámites burocráticos para agilizar plazos.

En declaraciones a Europa Press, García expone que también supone una oportunidad para «potenciar pequeñas zonas territoriales con producciones diferencias que tienen una valoración muy alta en el mercado», pues las indicaciones y denominaciones de origen de Galicia, «más allá de su tamaño», cuentan con una «valoración muy importante en el resto de Europa y también en España».

No obstante, lamenta el «discurso contradictorio» de Bruselas. Por un lado, aboga por las producciones diferenciadas dentro de la UE, pero luego «cuando entran en juego otros tipos de intereses en la macroeconomía» de «vender coches en otras zonas del mundo» no se ponen en marcha las «mismas exigencias» en los convenios bilaterales.

«Cada vez es menos justo, menos razonable tener normas estrictas medioambientales, territoriales, de lucha contra el cambio climático… Y luego firmemos convenios de intercambio con otros países en lo que prima es el número de coches que vendemos, no que cumplan las mismas condiciones». «Requerimos que compitamos todos en igualdad de condiciones», razona el líder de esta organización de ganaderos y agricultores gallegos.

Así, se queja de que los productores europeos tengan que «hacer inversiones brutales para temas medioambientales, bienestar animal, gestión del territorio», lo que «supone un incremento de costes» y «competir en el mercado con alguien al que no se exige nada de eso». Mientras, al resto no se le pide «ni una legislación laboral que impida que se pueda contratar gente por menos de 1.100 euros ni se le exige ningún tipo de criterio para fitosanitarios o abonados», pone de ejemplo.

El líder de Unións Agrarias reprocha que «al final es un poco un cierto fariseismo», ya que se es «duro con los internos, pero después cuando hay otro tipo de intereses en juego todo ese compromiso medioambiental, ecologista, de protección animal» se «olvida cuando el problema es la balanza comercial con otros países».

RECLAMACIÓN DE LA EUROCÁMARA

Con 603 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones, los eurodiputados han respaldado un informe sobre la reforma de las normas de la UE para el registro y la protección de las indicaciones geográficas de vino, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como los regímenes de calidad de estos últimos.

El documento recoge una serie de medidas para garantizar una mejor protección de este sello de calidad también en el comercio online, como la disposición para garantizar que todos los dominios web que abusen del nombre de una IGP se cierren automáticamente o se asignen a un grupo de productores que sí la usa legalmente.

Para ayudar con esta tarea, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE deberá establecer un sistema de alerta que controle el registro de nombres de dominio.

Por otro lado, aunque los productos procesados tengan prohibido usar en su nombre la IGP de uno de sus ingredientes, sí podrán mencionarlo cuando un grupo de productores lo permita.

Los eurodiputados han propuesto también eliminar los trámites burocráticos y reducir el tiempo que tiene la Comisión para registrar una nueva IGP de seis a cinco meses, además de limitar el período de prórroga a un máximo de tres meses, y sólo en casos debidamente justificados.

Además, las autoridades nacionales serán las que deban gestionar la mayoría de las solicitudes de cambios en los registros de IGP existentes sin que Bruselas los vuelva a revisar, a fin de acelerar el procedimiento de modificación y reducir la carga de trabajo.

Los eurodiputados quieren también que la Comisión, con su experiencia agrícola única, continúe administrando el sistema de IGP, en lugar de la Oficina de Propiedad Intelectual, como se propone en el proyecto de texto.

El documento plantea además la creación de un portal de la UE para que los productores expliquen su compromiso con la sostenibilidad social y ambiental y reclama que se otorguen más responsabilidades a los grupos de productores reconocidos, designados por los países de la UE y que actúan como únicos representantes de IGP específicas.

Para ello, los eurodiputados proponen establecer condiciones mínimas para el uso de un nombre de IGP o supervisar su uso justo, al tiempo que plantean que los grupos de productores reconocidos también puedan recibir contribuciones financieras obligatorias de todos los productores del bien IGP.

Ahora que el texto ha sido aprobado en sesión plenaria, el Parlamento está listo para comenzar conversaciones con los gobiernos de la UE sobre la forma final de la ley, una vez que el Consejo también haya adoptado su posición.