El sector de autonómica de la CIG-Administración ha remitido un escrito al director xeral de Función Pública de la Xunta con el que reclama «la restitución de los derechos laborales que le fueron recortados al personal empleado público con la excusa de la crisis en 2012».

La central sindical denuncia que «más de una década después» el Gobierno gallego «sigue utilizando los mismos argumentos para no restablecer las condiciones de trabajo suspendidas» y espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dé la razón tras la denuncia presentada en 2019 contra la decisión.

Se refiere en concreto a la ley de 2012 de medidas temporales en determinadas materias del empleo público de Galicia, «norma que impuso recortes de derechos laborales que se mantienen a día de hoy».

«Nos cansamos de intentar razonar contra el muro de los sucesivos gobiernos del PP para recuperar nuestras condiciones laborales e introducir en la ley del empleo público de Galicia las mejoras pactadas en el quinto convenio colectivo», incide la central nacionalista.

Tras la reclamación judicial de 2019, ahora, la organización ha presentado un escrito dirigido al titular de Función Pública «reclamándole la restitución de los derechos suprimidos mientras no se produce la decisión judicial».

Para ello, apela a la derogación por parte del Gobierno central de la disposición que contemplaba medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. «A qué espera la Xunta?», se pregunta la CIG.